Protección Urbanística ejecutó en el último lustro 53 derribos en Arousa y el Ulla-Umia

La Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ejecutó en el último lustro más de medio centenar de derribos en las comarcas arousanas y el Ulla-Umia. La mayoría se correspondía a bienes dedicados a uso residencial, aunque más bien se trataba de casetas de obra, galpones, casas prefabricadas e incluso caravanas; pocas estructuras que se puedan considerar estrictamente como una vivienda. Llama también la atención la retirada de un buen número de remolques de camiones de grandes dimensiones.

Detalles

Las localidades costeras siguen concentrando el mayor número de actuaciones y Sanxenxo lidera la lista. Entre 2017 y 2021 registró 10 derribos, muchos de ellos en dominio público marítimo terrestre, pero también por edificaciones en suelo urbanizable no sectorizado y no solo para usos particulares, de hecho, se eliminó un establecimiento destinado a expedir alimentos y bebidas y un chiringuito a pie de costa. La mayor actividad se concentró en 2017, con cinco derribos, y la cifra se redujo paulatinamente en los siguientes ejercicios, hasta el punto de que el año pasado solo se tuvo que despejar un terreno rústico de Dorrón donde había una amalgama de estructuras, desde una caseta hasta una caravana y una pérgola. 

Sanxenxo lideró el ranking con 10 actuaciones, seguido de Vilanova con seis y cinco en Portas y Cambados

Este descenso de actividad de la APLU fue generalizado en O Salnés, O Barbanza y el Ulla-Umia hasta el punto de que el año pasado solo consta una actuación en esta villa; otra A Illa, con la retirada de una caja de camión en Punta Quilma, y una tercera en Caldas, de una nave industrial en Santa María.

Las infracciones por construir o intentar consolidar estructuras en terrenos de Costas es bastante común también en Vilanova, que es la segunda en el ranking con 6 derribos, entre los que se encontraba una vivienda unifamiliar y hasta un remolque de camión y varios contenedores metálicos. Le siguen Portas y Cambados, con cinco cada una. En ambas se eliminaron sendos esqueletos de casas a medio construir, además de una vivienda unifamiliar y la ampliación a una planta más en una casa, en el caso de la capital del albariño. En este último caso, desde la resolución hasta la demolición transcurrieron 15 años. Y es que los derribos son el culmen de procesos administrativos que incluso llegan a los juzgados, sobre todo en caso de viviendas ocupadas y la actuación se demora. Todo ello sin olvidar que la agencia puede imponer multas por desobedecer la orden. 

El año pasado solo retiró una caja de tráiler en Punta Quilma, una nave en Caldas y se despejó un terreno en Dorrón 

En cuanto al resto de municipios, en O Grove no actúa desde 2018, año en que demolió dos edificaciones para usos hosteleros, una de ellas anclada al suelo (en el último lustro fueron tres). Cabe recordar, que el Concello meco acaba de unirse recientemente a la Axencia de Protección Urbanística y que además, tiene en marcha la aprobación de un PXOM.

Dentro de ese total de 53, la agencia realizó cuatro actuaciones en Cuntis y otras tantas en A Illa; tres en Caldas y el mismo número en Moraña. En Rianxo, Catoira y Boiro constan dos por cada localidad, mientras que solo actuó en una ocasión en Vilagarcía, Ribeira (retirando una caravana con vistas a la ría), Meis (un contenedor de obra en A Goulla) y Valga (una edificación en Campañó).

Además de suelo de dominio marítimo público terrestre, las infracciones se cometen por ocupar suelo rústico protegido y de protección forestal, entre otros.