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Los controles en la frontera con Portugal se prorrogan hasta el 17 de abril

 España ha decidido prorrogar los controles en la frontera interior terrestre con Portugal hasta el próximo 17 de abril con las mismas limitaciones aplicadas hasta el momento debido a la situación epidemiológica en ambos países.Así lo establece una orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que amplía los controles que finalizaban este 6 de abril, por lo que solo se podrá entrar y salir del territorio español por los pasos autorizados y durante los horarios que se establezcan.De esta forma, solo podrán acceder a España los ciudadanos españoles y su cónyuge o pareja con la que mantengan una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público, así como aquellos ascendientes y descendientes que vivan a su cargo, siempre que viajen con o para reunirse con este.También podrán cruzar la frontera los que residan en España, aunque será necesario que acrediten su residencia habitual, al igual que los estudiantes que cursen sus estudios en España, los residentes en otros países miembros de la Unión Europea (UE) o asociados a Schengen que se dirijan a su residencia habitual.Asimismo, accederán a España quienes vayan a transitar o permanecer en el territorio por motivos exclusivamente laborales, una categoría en la que se incluyen los trabajadores transfroterizos, los sanitarios y los del transporte, en tanto que también están autorizados los que documenten causas de fuerza mayor, necesidad o motivos humanitarios.El personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas oficinas consulares y organismos internacionales también podrán cruzar la frontera, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de sus funciones, al igual que los participantes en viajes de Estado y los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas.  

Eurodiputados de Galicia y Portugal exigirán compensaciones por cierre frontera

Eurodiputados de Galicia y Portugal presentarán una iniciativa conjunta en el Parlamento Europeo para reclamar compensaciones económicas para los municipios situados a ambos lados del río Miño por el cierre de la frontera.Así se ha acordado en una reunión convocada por la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño, en la que han participado los eurodiputados españoles Francisco Millán Mon (PP), Nicolás González Casares (PSOE), Ana Miranda (BNG) y los portugueses José Manuel Fernándes (PSD), María Manuel Rola (BE) y Joao Fereira (PCP).Todos ellos, según ha explicado el vicedirector de la AECT Río Miño, Uxío Benítez, tras la reunión, entienden que en la frontera entre Galicia y Portugal "hay un problema" y que la reducción de los pasos abiertos entre ambas regiones, uno solo abierto las 24 horas, "no tiene sentido".Los eurodiputados coinciden en la necesidad de establecer "mecanismos de compensación" a través de los fondos europeos y de los planes de resiliencia para los territorios que están siendo "doblemente afectados" por la pandemia y por el cierre de la frontera.Ambas partes, eurodiputados y municipios afectados, han acordado crear un "foro estable" para poder hacer un seguimiento a esta problemática que afecta a "miles de personas".Con respecto al mantenimiento del cierre de la frontera hasta después de Semana Santa, Benítez ha lamentado que se vuelva a producir un "escándalo", al tratarse de una decisión que "va a llevar a la ruina" a todo el territorio del Miño."Se sigue obligando a las personas trabajadoras a recorrer distancias kilométricas, a tener gastos de entre 200 y 300 euros más al mes en combustible para acceder a los puestos de trabajo", ha recordado el vicedirector de la AECT Río Miño.Esta decisión demuestra, según el dirigente, que los gobiernos de España y Portugal "siguen demostrando que desconocen la situación transfronteriza", en la que hay una vida económica, unas relaciones laborales y empresariales "que dependen de la apertura de la frontera". 

Alcaldes de la Raia urgen a enmedar el “error” del cierre y exigen reabrir los pasos

Advierten de que se puede volver a “penalizar” a los trabajadores, empresas y a la actividad comercial