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Esquerra hace que se desvanezcan los delirios de Puigdemont

Puigdemont, que se debía de creer que tenía el mundo en sus manos después de huir de la justicia y ejercer como eurodiputado, tendrá que empezar a bajar de la nube. 

El protagonismo de Carles Puigdemont

El expresident fugado ya no está contento con el papel que tendrá que jugar desde ese “exilio” que él mismo se buscó y está dispuesto a hacer naufragar el Gobierno de los secesionistas si no consigue que, de algún modo, se le respete que tenga protagonismo en la legislatura.

JxCat aparta al exabogado de Puigdemont de la Mesa del Parlament

JxCat ha decidido apartar a Jaume Alonso-Cuevillas como secretario segundo de la Mesa del Parlament y sustituirlo por Aurora Madaula, tras haber expresado sus dudas sobre la estrategia de desobediencia.Así lo ha anunciado JxCat en un comunicado, tres días después de que Alonso-Cuevillas, que fue abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, se declarara partidario, en una entrevista a Vilaweb, de no tramitar las resoluciones controvertidas sobre el rey o la autodeterminación y se preguntara: "¿Hemos de dejar que nos inhabiliten sin pena ni gloria por una tontería?".Tras haber recibido críticas internas por cuestionar la desobediencia, Alonso-Cuevillas ha puesto su cargo a disposición de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, también de JxCat, que ha consensuado el relevo con Puigdemont y el secretario general del partido, Jordi Sànchez.Aurora Madaula, que encabeza la entidad Acció per la República, uno de los sectores con un perfil más favorable a la desobediencia y la confrontación con el Estado dentro de JxCat y considerada como el ala izquierdista del grupo parlamentario, será propuesta como nueva secretaria segunda de la Mesa, mientras que Alonso-Cuevillas seguirá como diputado raso.El relevo, tras ser consensuado por Borràs con Puigdemont y Sànchez, deberá ser ratificado formalmente en la próxima reunión de la dirección ejecutiva de JxCat.Jaume Alonso-Cuevillas debutó como diputado de JxCat el pasado 12 de marzo, día de la sesión constitutiva del Parlament, en la que fue elegido secretario segundo de la Mesa.Era uno de los dos diputados que representaban a JxCat en la Mesa, junto a Laura Borràs, y su reputación interna era incuestionable al haber sido el abogado de Puigdemont tras su huida a Bélgica.Sin embargo, en la primera investidura fallida de Pere Aragonès, el pasado 26 de marzo, ya se vio envuelto en una polémica: en la reunión de la Mesa en la que había que decidir si avalaba el voto delegado del diputado de JxCat Lluís Puig, huido en Bélgica, se abstuvo, con el argumento de que en algún momento había representado legalmente a Puig y podía existir un "conflicto de intereses".La abstención de Alonso-Cuevillas irritó a ERC, que desconocía sus intenciones, y desconcertó a sectores de JxCat, pero su caída definitiva ha llegado tras sus declaraciones a Vilaweb.En la entrevista publicada el pasado viernes, expresó un posicionamiento que chocaba frontalmente con la estrategia de desobediencia a los tribunales para proteger, si hace falta, a los diputados independentistas y sus debates en la cámara catalana: "No sé si tiene sentido que te inhabiliten por haber tramitado una resolución que no lleva a ninguna parte.

Llarena busca el aval de la justicia europea antes de actuar sobre Puigdemont

El magistrado del Supremo Pablo Llarena ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la euroorden, tras la cual decidirá si mantiene, retira o emite una nueva contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.Horas después de saber que el Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad a Puigdemont, el instructor del "procés" ha dictado un auto en el que pide al TJUE que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una euroorden, así como por las razones para su denegación.Llarena acude a la Justicia europea una vez que las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega del exconseller Lluis Puig, porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo sino un tribunal catalán y porque su entrega pondría en peligro derechos fundamentales como la presunción de inocencia.Un escenario que, de no consultar previamente al tribunal europeo, podría plantearse de nuevo con el expresident catalán en Bélgica, de ahí se explica el paso dado por Llarena ante Europa.Con la respuesta del TJUE el magistrado decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puigdemont, los exconsellers Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC Marta Rovira, procesados en rebeldía por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.La competencia del Tribunal, cuestión clave a analizarLlarena tiene dudas de que las decisiones de los jueces belgas sobre Puig sean compatibles con el Derecho de la Unión, por lo que plantea siete preguntas al TJUE, que pide tramitar por el procedimiento acelerado, con la cuestión de la competencia del Tribunal Supremo como eje nuclear de la cuestión.El juez señala que "no hay una norma del Derecho de la Unión que reconozca una facultad a favor de la autoridad de ejecución de una orden de detención y entrega (ODE) que le permita valorar y fiscalizar si el órgano de emisión de esa ODE es competente para hacerlo".Si eso fuera así, precisa, el principio de confianza en los sistemas de los Estados de la Unión y de reconocimiento mutuo de sus resoluciones, "se transmuta en un principio de desconfianza que sólo se despeja tras el examen de competencia"."Mal se confía en el sistema penal y procesal de otro Estado, si lo primero que se pretende por el Estado de ejecución es poner en duda su competencia para emitir un instrumento de cooperación basado, precisamente en la confianza y cooperación recíproca" añade.Desconocimiento de los jueces belgasEl juez dice que, de acuerdo al derecho comunitario, solo el estado de emisión determina las autoridades competentes y lo hace conforme a su derecho interno; es decir, España fija la competencia del Supremo para enjuiciar a los fugados según su propia normativa.Sí que es cierto que los jueces belgas han tenido en cuenta en relación con el derecho español "solo una escueta mención del artículo 71.3 de la Constitución" acerca de que la competencia se determina conforme al lugar de comisión del delito, si bien Bélgica "no puede aplicar ni interpretar el Derecho interno español" y, más aún, "obviando el intenso debate que se ha planteado en el litigio nacional sobre la competencia del Supremo" en nuestro país.Esta cuestión, planteada por las defensas, ha dado lugar, desde que se inició el proceso en 2017, a tres autos de la Sala de Admisión, trece autos del instructor, seis de la Sala de Apelación, dos autos del tribunal sentenciador, así como una sentencia y un auto del Constitucional que ha validado la competencia del TS.Con ello, el juez pone de manifiesto que los jueces belgas no solo han omitido la valoración de todas estas resoluciones internas sino que tampoco han reclamado información complementaria.También hay errores.

Puigdemont ve irrealista una posible vuelta a Cataluña

No tengo la sensación de conseguir menos desde aquí que si estuviera sentado en mi despacho de Barcelona", dice el político huído de la Justicia española.Asegura además que se mantiene en contacto diario con su familia, con la que habla "a través de videollamadas" y que ayuda a sus hijas con los deberes. "No es lo ideal, pero nos arreglamos", añade.Preguntado por sus futuros pasos en caso de que el Parlamento Europeo decida levantar su inmunidad y la de sus compañeros de partido Toni Comín y Clara Ponsatí, responde que "no lo dejarán ahí", y que recurrirán al Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo."No se trata sólo de nuestra inmunidad, sino también de la protección de la democracia europea, de si Europa está preparada para proteger a las minorías políticas y nacionales", dice Puigdemont."Supongamos que levantan la inmunidad, entonces serán los tribunales belgas los que decidan si actúan sobre la orden de detención de España.

La Eurocámara avanza hacia la retirada de la inmunidad de Puigdemont

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se mostró este martes favorable a levantar la inmunidad de los eurodiputados de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, el último paso antes de que el pleno de la Eurocámara emita su voto definitivo en el pleno del próximo 8 al 11 de marzo.

El suplicatorio de Puigdemont, Comín y Ponsatí entra en su recta final

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara revisará este lunes por primera vez el informe sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, que recomendará que se retire este privilegio a los eurodiputados de JxCat tras la petición de la Justicia española.La presentación a puerta cerrada de los informes que ha elaborado el diputado conservador búlgaro Angel Dzhambazki es el tercero de los cinco pasos del suplicatorio en el Parlamento Europeo, después de que el caso se presentara inicialmente en noviembre y los tres diputados afectados comparecieran ante la comisión parlamentaria a mediados de enero.El próximo paso es la votación del informe en la propia Comisión de Asuntos Jurídicos -quien decidirá si avala el informe y recomienda el levantamiento de la inmunidad-, que tendrá lugar el martes 23, si bien el resultado no se dará a conocer oficialmente hasta el miércoles 24 por la mañana.En el caso de que el informe se apruebe en la comisión, el texto irá a su último trámite ante el pleno del Parlamento Europeo en su sesión plenaria del próximo 8 al 11 de marzo, momento en el que se pronunciarán sobre el mismo los 705 eurodiputados.El informe, que es confidencial y se remitió a los diputados de la comisión este jueves, recomendará levantar la inmunidad parlamentaria de los tres eurodiputados de JxCat, según adelantó el diario ABC y pudo confirmar Efe.El informe recoge que los hechos por los que Puigdemont, Comín y Ponsatí son procesados tuvieron lugar antes de que se convirtieran en eurodiputados y que no están vinculadas a su ejercicio como miembros del Parlamento Europeo, condiciones necesarias para que la Eurocámara deniegue una petición del levantamiento de inmunidad.La normativa de los suplicatorios prevé que sólo puedan ser rechazados si la comisión de Asuntos Jurídicos determina que el país de origen (en este caso, España) les está procesando por opiniones o votos emitidos como eurodiputados o si la finalidad real del juicio es socavar su actividad política o la de la Eurocámara.En declaraciones a la prensa en enero, el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons estimó que la mayoría de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo está a favor de que se conceda el suplicatorio pedido por España para los tres diputados de JxCat.En el caso de que prospere el suplicatorio, los eurodiputados no pierden su condición de tales, pero sí que dejan de tener su inmunidad parlamentaria para el caso por el que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido el suplicatorio, por lo que las justicias belga y escocesa podrán proseguir con la revisión de las euroórdenes españolas.Los suplicatorios se iniciaron oficialmente a comienzos de 2020 pero quedaron paralizados durante buena parte del año pasado tras ponerse en duda que en una comparecencia a través de internet se pudiera asegurar la garantía del secreto de los procedimientos.