A Pobra- Piden 12 años de cárcel para el exdirector de La Caixa por estafa y apropiación indebida

La Fiscalía solicita una condena total de 12 años para el que fue director de la sucursal pobrense de La Caixa -actualmente Caixabank- entre 1999 y mayo de 2011, F.J.O.G., por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad en documento mercantil y otro de apropiación indebida, así como una multa de 7.200 euros cada uno de ellos. El Ministerio Público recoge en su escrito de acusación que hasta la fecha en la que fue despedido, al detectarse los hechos por los que es procesado, actuó con ánimo de lucro y “ofreció a algunos clientes productos inexistentes sin contrapartida contable o bien unas garantías de rendimientos en productos de inversión que carecen de tales coberturas”, con el logotipo de la referida entidad bancaria para dar apariencia de documento oficial, pero sin que conste la autorización de La Caixa, y subraya que realizó “tales actos dispositivos en la creencia de los clientes de su validez y eficacia”.
Desde el Ministerio Fiscal se apunta que el acusado se valió de su cargo y se aprovechó de su condición empresarial para dar credibilidad y “elabora una serie de documentos con el objetivo de desnaturalizar un producto, cuyas condiciones no pueden ser modificadas, al estar perfectamente reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores”. Del mismo modo, apunta que los clientes creen tener la certeza de disponer de liquidez inmediata sobre el capital invertido, cuando la realidad indicaba que existe un plazo determinado, que en el caso de deuda subordinada es de 10 años, y en otros es vitalicio, como participaciones preferentes y el seguro de vida denominado Segurfon. Además, precisa que el capital invertido por la decena de afectados -en algunos casos eran matrimonios-, que asciende a 1.897.614 euros -a uno le causó perjuicios por 430.000 y a otro por 424.550 euros-, derivaba en beneficio de F.J.O.G., “ya que, en unos casos se apropiaba de las cantidades invertidas y en otros, dependiendo de la cantidad de productos contratados, llevaba aparejado el cobro de una retribución extraordinaria, en concepto de productividad.
El escrito de acusación de fiscalía recoge que el acusado actuó prevaliéndose de la relación de confianza existente con muchos de sus clientes, a los que conocía con anterioridad, ya fuese por la relación de parentesco que le unía con algunos, ya sea porque algunos fueron sus clientes cuando trabajó en otra entidad bancaria, convenciéndoles para que cambiaran de banco cuando él lo hizo, ya sea porque él es natural de la zona y muy conocido en la misma. Agrega que “actuó con evidente engaño y causándoles un grave y manifiesto perjuicio a los clientes, les ofertó productos ficticios e irreales que no se correspondían con los finalmente contratados, llevando una contabilidad paralela, al margen de los registros contables de la entidad, que incluía documentos bancarios manipulados por él, sin correspondencia ni coincidencia con los modelos bancarios aprobados por La Caixa, y en los que aparecían apuntes contables de importantes cantidades que no fueron registrados en las cuentas de la entidad bancaria ni, por tanto, en las de los clientes”. 
La Fiscalía añade que el exdirector les daba a estos últimos información de sus productos personalmente, en su despacho a puerta cerrada o bien en sus propios domicilios “entregándoles cantidades en mano, supuestamente en concepto de intereses, sin reflejo documental ni justificante alguno y sin que el pago de estos intereses se ajustase a la realidad de las verdaderas condiciones del producto y sin que las cantidades inicialmente invertidas hayan sido recuperadas. Y sostiene que para obtener sus “fraudulentos objetivos”, el acusado buscaba personas de avanzada edad o profanos en la materia bancaria, prevaliéndose de una relación de confianza y de engaño que le llevó a visitarlos en sus casas y llamar a muchos de los mismos tras su despido para pedirles que no acudiesen al banco a consultar sus cuentas y sus productos hasta que se celebrase el juicio de despido, comprometiéndose personalmente a reintegrarles su dinero o recompensarles con un equivalente, como podrían ser bateas o nave industrial.
También asegura que el acusado elaboró documentos que pretendían convertir en exigibles de forma casi inmediata títulos que eran  perpetuos -participaciones preferentes, que son valores mobiliarios de renta fija que están considerados como instrumentos financieros complejos de riesgo alto- o con vencimiento a largo plazo, que son títulos de valores mobiliarios de renta fija emitidos por La Caixa con la consideración de recursos propios y un plazo de vencimiento de 10 años. Precisa que para ello emitía a los clientes certificaciones falsas firmadas por él y en las que les reconoce liquidez inmediata al 100% del importe suscrito, a los dos días hábiles desde que se solicite el reembolso para las preferentes, y la posibilidad de deshacer su posición a su valor nominal a partir de los dos meses de su formalización  para las subordinadas, “cuando dicha posibilidad de conversión es falsa”.