La Audiencia Provincial deniega la puesta en libertad del atracador con pistola en la panadería Isabel

La preocupación que había entre vecinos y empresarios de que el conocido como atracador de la pistola en Riveira pudiera estar en libertad de cara a Navidad se desvaneció estos días, “polo que va a ser difícil que se nos vaia atragantar o turrón”, señaló ayer un hostelero. La Audiencia Provincial de A Coruña viene de dictar un auto que ratifica el ingreso en la cárcel de Teixeiro de Víctor Manuel Pérez Casais, alias “Víctor do Cochón”, al que se le imputó un robo con violencia cuando el pasado 1 de noviembre entró en la panadería Isabel con una pistola -en el registro en su casa se localizó una de plástico de las mismas características descritas por una testigo- con la intención de llevarse el dinero y acabó huyendo tras hacerle frente tanto la dueña como otra persona que se encontraba dentro del establecimiento comercial.
Según se recoge en el auto de la Audiencia Provincial, los hechos son los suficientemente graves como para justificar una medida como la de ingreso en prisión preventiva, pues al robo con violencia se le añaden los agravantes de uso de arma y disfraz (llevaba la cabeza cubierta con la capucha de la sudadera y el rostro tapado parcialmente con la parte superior de una camiseta. Además, se señala que existen indicios razonables de criminalidad, principalmente por la identificación fotográfica que realizaron testigos de los hechos, así como varios transeúntes que lo vieron merodear por el exterior del local momentos antes del citado atraco frustrado en la panadería. Además, la representante del Ministerio Fiscal había añadido la existencia de gran alarma social en su razonamiento de oposición a que se le otorgase la libertad a ese individuo.
Según indicaron algunas fuentes, no parece que la salida de prisión del imputado, contra el que hay abiertos otros procesos por los atracos con pistola en el restaurante Jenaro de Riveira y el supermercado Eroski de A Pobra, se va a producir en breve, salvo que durante la instrucción surja una nueva actividad probatoria, pues se podría enfrentar a una condena que va de dos a cinco años de cárcel.