La Audiencia juzgará en noviembre el desfalco de 500.000 euros en el Pósito

El juicio con jurado popular por el desfalco de medio millón de euros en la Cofradía de O Grove se celebrará finalmente en noviembre, dos años y medio después de solicitarlo la Fiscalía. Serán cinco días en los que por la Audiencia de Pontevedra desfilarán cargos y trabajadores del Pósito, directores de bancos, peritos económicos y médicos como testigos de una causa que servirá para determinar el grado de culpabilidad de su exgestor económico, Fabricio Fernández Aguín, con una ludopatía reconocida y que llegó a confesar la apropiación de dinero y a comprometerse incluso a satisfacer la deuda, “en la medida de mis posibilidades y en el menor tiempo posible”, aunque solo reconoció 190.000 euros. Los hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación o de apropiación indebida por los que el Fiscal solicitaba seis años de prisión y el reintegro del dinero.

Su defensa apelará a la “alteración psíquica” por una ludopatía reconocida que le llevó a sacar dinero de las cuentas bancarias de la entidad de pescadores por ventanilla y transfiriendo dinero a cuentas personas, así como a apropiarse de dinero de la caja, de los depósitos de los clientes e incluso de la recaudación de las ventas de la pescadería para “jugarlo sin control sin ser capaz de recuperarlo nunca”, según recoge el juzgado instructor en su escrito. De hecho, llegó a gastarse 47.700 euros en el Casino de La Toja en un año.

Descubrimiento
El excontable desempeñaba las tareas de gestor económico de la Cofradía desde 2003, pero fue en 2009 cuando cayó en desgracia. Según las mismas fuentes, a principios de ese año, a consecuencia de problemas con su esposa, una “excesiva carga de trabajo y responsabilidades” y la copropiedad de un restaurante, “desarrolla una enfermedad psicológica que le afecta gravemente a su capacidad volitiva y que, de forma compulsiva, le lleva a malgastar su propio dinero en juegos de azar”, lo que “aboca al cierre por ruina” del local y, “a la vez de apoderarse de dinero de la Cofradía de Pescadores”.

Pronto surgieron las sospechas, pero la confirmación llegó en junio de 2010 cuando le encomendaron preparar el balance y entregárselo a una consultora que detectó “operaciones contables anómalas” y otras “irregularidades” en el informe preliminar de Fernández Aguín, quien demoró la entrega de la contabilidad hasta agosto, cuando “lejos de ofrecer una explicación razonable”, presentó una baja médica. Al mes siguiente se determinó que había transferido dinero a cuentas suyas y se encargó una investigación “contable detallada y profunda”. El resultado fue que se acusa al grovense de “concebir un plan para ir haciendo suyas paulatinamente diversas cantidades durante los años 2009 y 2010, logrando incorporar a su patrimonio un total de 505.515 euros”, según el escrito judicial.

Perjuicios para la Cofradía
Dos de las entidades bancarias donde estaba el dinero serán juzgadas como responsables civiles subsidiarias por obrar de “manera negligente” al obviar la orden del Pósito de que las operaciones debían contar también, y siempre, con la firma del patrón mayor, Francisco Iglesias en aquel momento. En concreto, el excontable se hizo con 254.000 euros depositados en dos bancos; 13.000 euros en efectivo en diversas retiradas de la caja; 26.205 euros del dinero depositado por clientes de la Cofradía como garantía para comprar en la lonja; y 212.050 de la recaudación de la pescadería.

A consecuencia del desfalco, el Pósito relata una serie de perjuicios como no poder pagar tasas portuarias por valor de 78.000 euros y tener que aplazar la deuda, así como denunciar el contrato de arrendamiento de los servicios de seguridad. Tenía contratada una póliza para cubrir el riesgo de apropiación indebida por parte de empleados hasta un montante máximo de 7.000 euros y por ello, la compañía aseguradora también se ha personado en la causa por este “perjuicio”.

Confesión y reparación
Poco después de descubrirse, en octubre de 2010, el excontable presentó su dimisión y manifestó al Pósito que las obligaciones laborales pendientes con él se destinasen a “pagar las deudas que mantengo con ustedes” y se comprometía a “satisfacer el resto en al medida de mis posibilidades y en menor tiempo posible”, además de estar dispuesto a colaborar. Para entonces ya se hablaban de grandes cantidades y en 2011 fue a declarar a un juzgado cambadés de guardia para confesar la apropiación, pero de 190.000 euros.

El juicio se seguirá en la Audiencia de Pontevedra a través de la institución del jurado del 25 al 29 de noviembre y entre los testigos también se ha llamado a la madre del acusado, aunque el tribunal rechazó la petición de la Cofradía de solicitar, como prueba, la relación de bienes heredados por el excontable de su padre, ya fallecido. Se enfrenta a un delito de malversación de caudales públicos o de apropiación indebida. El Fiscal solicita la aplicación de la agravante de “abuso de confianza” –al igual que la entidad, que suma el de prevalimiento– pero también la atenuante de confesión y alteración psíquica por ludopatía, como su defensa, que también destaca la “dilación extraordinaria” del proceso.