Como había ocurrido en marzo, José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, se sentó ayer en el banquillo de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Pontevedra, pero apenas tuvo ocasión de hablar. Ni él ni los otros cuatro acusados de blanquear dinero de la droga para los que se piden penas de seis años de cárcel y 10 millones de euros. Solo lo hicieron como trámite de formalidad al comienzo de la sesión, afirmando su inocencia ante la pregunta del presidente de la Sección, el magistrado Xosé Xoán Barreiro.
Las defensas volvieron a ocupar la mañana planteando una batería de cuestiones previas sobre las ya enunciadas entonces, lo que molestó al fiscal, por reiterativo. Pero el tribunal deberá decidir ahora y comunicar el lunes, cuando se retome la vista, si sigue adelante con el proceso y toma declaración a los encausados o si, por el contrario, hace caso a los defensores y aborta la vista en base a los argumentos expuestos por los letrados y, especialmente, a la nueva documentación que presentó Gonzalo Boye, defensor del cambadés. Todos ellos coinciden en que hay cuestiones de forma que, de ser aceptadas, harían innecesario entrar a juzgar el fondo del asunto. 
La principal línea argumental en este punto es que se podría estar ante la prescripción de parte de los hechos y ante cosa ya juzgada en lo restante. Ambos casos, de ser ciertos, impedirían continuar juzgando a los acusados. 
El proceso de Vilagarcía
Boye presentó ayer como revelación el proceso 170/2008 investigado en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Vilagarcía, en el que se habría ya averiguado sobre un posible blanqueo con la inmobiliaria San Saturnino ligada al entorno de Miñanco y otras sociedades y personas que vuelven a aparecer, ahora, en la causa en Pontevedra, instruida en los juzgados de Cambados. 
Aquel proceso en Vilagarcía había sido archivado “a petición del fiscal”, no viendo indicios suficientes de delito. Según defendió el letrado, la sala de la Audiencia no conocía de aquel proceso porque interesaría a la Fiscalía no ponerlo de relieve a fin de intentar juzgar dos veces los “mismos hechos”. “Hay identidad de hecho, de sujetos, de informes y hasta de peritos”, afirmó sobre el supuesto paralelismo de los dos procesos. 
Boye reconoció que las cuestiones previas de marzo habían sido desestimadas, pero subrayó a los tres magistrados que “ustedes no conocían la causa de Vilagarcía”, una “documentación que ha de ser valorada”. 
Miñanco, empresario belga
Boye añadió aún más documentación nueva al tribunal, al presentar “certificados de la Seguridad Social belga”, traducidos del flamenco, en los que, afirma, se probaría que Miñanco se habría dedicado a la comercialización “totalmente legal de tabaco” del 87 al 92, al día con el pago de impuestos y con la correspondiente alta. 
Fue otra de las apuestas que sorprendieron ayer, que sugiere por dónde podrían ir las líneas de defensa, de proseguir el juicio, para justificar ingresos. 
La Interviú de los 80 
La revista Interviú fue otra de las anécdotas de ese jueves. Ya había dado que hablar a la puerta del Palacio de Justicia, cuando los medios la descubrían en manos de Miñanco a su entrada al edificio, custodiado por la Policía Nacional. 
Su abogado intervino luego para asegurar que era “sorprendente que se siga vinculando con José Ramón Prado el patrimonio de su exmujer”, otra de las acusadas, “cuando era público y notorio que en el año 83 ya no tenían relación”, tal y como, afirmó, recogía un artículo de Interviú de la época que promete volver a salir a la palestra de entrar finalmente al fondo. 
Continuaron luego las defensas de José Alberto Abuín, supuesto testaferro; de Rosa María Prado Pouso, una de las hijas de Miñanco; de Josefa Pouso, excuñada; y de María Rosa Pouso, su exesposa. La mayoría se adhirió a las peticiones de sobreseimiento por cosa juzgada y prescripción, ahondando, además, en el carácter supuestamente prospectivo de la investigación:  “Pesca de arrastre” de los investigadores buceando en “el patrimonio de la familia” en busca de delitos, en lugar de partir de indicios firmes, tal y como valoró el letrado de María Rosa Pouso.
La reafirmación del fiscal
Tras un receso de una hora en el que el fiscal, Jesús Calles, analizó las exposiciones de los cinco letrados, utilizó su turno para rebatirlos punto a punto. Primero, subrayó que ya se había producido una primera sesión de cuestiones previas, que llegó a suspender la vista al plantearse la recusación del tribunal. “Las defensas tuvieron oportunidad de plantear prueba y no lo hicieron” entonces. 
Sobre la supuesta prescripción, afirmó que en su escrito se excluyeron ya los hechos de años fuera del margen legal de actuación y reafirmó que los ahora perseguidos fueron supuestamente cometidos cuando sí ya se perseguían los comportamientos de blanqueo. 
Negó también la prospección, al asegurar que solo se actuó por indicios delictivos, recurriendo a la jurisprudencia para señalar que en los casos de blanqueo es “difícil” plantear una prueba directa, debiendo “acudir a la prueba indiciaria”. 
Tampoco cree que haya cosa juzgada, en tanto el proceso de Vilagarcía aludido se centraba en el llamado clan de los “Gerardos” y en una expansión empresarial en Vilagarcía en la que de las sociedades supuestamente vinculadas a Miñanco “no se hace un especial análisis”. De ahí que, detectada una posible trama de blanqueo, se decidiese separar la causa, llevando esta a instrucción a Cambados.