Pasadas las ocho de la mañana de ayer las máquinas volvieron a la zona de Reboredo para culminar la demolición de la casa que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) había comenzado a derribar en la jornada del miércoles por carecer de licencia municipal y de autorización autonómica.
Desde la administración aclararon en la jornada de ayer que la Xunta decidió paralizar los trabajos después de que los afectados presentasen medidas cautelares con una querella dirigida contra la APLU y que decidieron retomarlos después de que el Juzgado de Cambados resolviese la denuncia planteada en el mismo día “arquivándoa e negando calquera medida cautelar”.
Los propietarios de la vivienda se encontraban en la jornada de ayer muy afectados por lo sucedido, ya que no comparten la decisión de la administración autonómica ni las formas empleadas. Así, aseguran que no les informaron previamente de cuándo iban a proceder al derribo, aunque desde la APLU aseguran que no tenían obligación de hacerlo, ya que el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra concedió una autorización de entrada en el domicilio, como consecuencia de lo que “notificouselle ao interesado que a partir do día 12 de febreiro comezaría a demolición amparada por autorización xudicial e que se prorrogaría cantos días fose preciso sen necesitar novo aviso”.

costes
Desde la APLU explicaron en la jornada de ayer que los costes de la demolición de la vivienda correrán a cargo de los propietarios, a los que se pidió en más de una ocasión que procediesen a ejecutar el derribo. Además, advierten que al coste de los trabajos se sumará el importe añadido como consecuencia de la suspensión y la retirada de las máquinas.
Hay que recordar que los dueños de la casa pagaron ya 50.000 euros en multas coercitivas, a lo que habrá que sumar el coste de las obras de demolición.

pertenencias
Una de las cuestiones que más ha molestado a los propietarios de la vivienda demolida es que no se les haya permitido retirar sus pertenencias del lugar. Así, Beatriz Janeiro, portavoz de la plataforma de afectados por los derribos de la APLU, explicó en la jornada de ayer que lo único que les dejaron hacer fue sacar algunas cosas al jardín que, probablemente, se han estropeado como consecuencia de la lluvia.
Beatriz Janeiro aseguró que la intención de los dueños era la de repartir la comida y la ropa que había en la casa entre personas necesitadas así como aprovechar algunos muebles que eran de muy buena calidad y que todavía podían tener un segundo uso.
Sin embargo, los dueños denuncian que en ningún momento se les permitió retirar sus pertenencias de la finca, ya que durante el tiempo que las obras estuvieron paralizadas se precintó la zona sin que pudieran tener acceso a la misma para coger todo aquello que consideraran oportuno.