Condenan al Concello al pago de 3,4 millones por la finca de la familia Rocafort

Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº3  condena al Concello de Sanxenxo al pago de 3.010.872,38 euros, valor fijado por el Jurado de Expropiación, así como 413.561,88 euros, en concepto de intereses, por la finca de la familia Rocafort. El fallo emitido el pasado 13 de septiembre responde al recurso presentado por la familia contra la “inactividad por falta de atención al requerimiento de pago de agosto de 2016” y contra el que cabe un recurso de apelación en los siguientes quince días a la emisión de la resolución.
En la sentencia se detalla los periodos en los que se generaron los intereses por el retraso en el proceso, un dato que hasta ahora no se había fijado judicialmente, y que deberá actualizarse a fecha de su completo pago. Así la magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo nº3  apunta que el período de tiempo por el que se podría asumir un cálculo de los intereses devengados por retraso en la fijación del justiprecio achacable al Concello sería el transcurrido entre el 10 de marzo de 2011 (presentación de la hoja de aprecio) y el 24 de junio de 2011, así como entre el 21 de septiembre y el 21  de diciembre de 2010, “por más que sea cierto que el Jurado empleó un tiempo superior al que le correspondía para la resolución del expediente de fijación de justiprecio, pues tal retraso no sería imputable al Concello”.
Pendiente 
Por otro lado, queda pendiente todavía de fallo judicial la nueva valoración ordenada por el Tribunal Supremo y realizada por el Jurado de Expropiación de Galicia y que eleva a 4.264.238 euros la expropiación de la finca de As Cunchas de la familia Rocafort tras incluir en la valoración los 1.214 metros cuadrados de los viales. El fallo judicial anuló el pasado mes de mayo el dictado por el TSXG en la que se reconocía solo los 1.750 metros cuadrados de la parcela sin contar los viales que circundan la parcela destinada a zona verde.El Concello ya anunció que recurrirá la nueva valoración para intentar reducirla. Así considera que si los 1.214 metros de viales se incluyen en la valoración, porque no se reconoce su titularidad pública, entonces podría suponer una condición urbanística distinta que influiría en la valoración de los terrenos. l