9º-18º
lunes | 6 mayo | 2024
La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña acordó el pasado viernes prorrogar la situación de prisión provisional del rianxeiro José Enrique Abuín Gey, alias “O Chiclé”, condenado a la pena de prisión permanente revisable, a cuatro años de cárcel y a otros quince años de libertad vigilada por la muerte de la joven madrileña Diana Quer. El magistrado Ángel Pantín Reigada decretó que la máxima duración posible de dicha prisión provisional, que se mantiene desde el 29 de diciembre de 2017, acabará en esa misma fecha de 2032.
De todos modos, el juez precisa que “ese es el tiempo máximo que la norma permite, lo que no implica –ni es en absoluto previsible- que la medida pueda tener necesariamente tal duración, ni excluye que el tiempo transcurrido de privación provisional de libertad constituya un factor que deba ser tenido en cuenta para el mantenimiento o cesación de la medida, como exige su naturaleza provisional y excepcional”, explica el magistrado presidente en el auto. El juez que destaca que “no se ha discutido la subsistencia de motivos justificadores de la situación de prisión preventiva”.
En dicha resolución también se indica que por un auto con fecha del pasado 2 de diciembre se acordó la prórroga de la prisión provisional cuya máxima duración concluiría a finales del próximo año. Quince días después se dictó sentencia condenatoria que supuso la imposición de la pena de prisión permanente revisable y otras ya referidas, y posteriormente la abogada de la defensa, la ribeirense Fernanda Álvarez, interpuso recurso de apelación, que fue admitido a trámite. A consecuencia de ello, el pasado viernes, día 24 de enero, se celebró una comparecencia para decidir sobre el plazo máximo de la prisión preventiva, instándose por parte de las acusaciones su fijación en 15 años, a lo que se opuso la letrada de Enrique Abuín.
De conformidad con el segundo párrafo del punto 2 del artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el magistrado compostelano Ángel Pantín considera que ante esta situación procede modificar la situación anterior para fijar su plazo máximo de eventual vigencia en la mitad de los 30 años que es el techo de la pena inferior en grado.
