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jueves | 18 abril | 2024
El juez de la Audiencia Nacional que investiga los negocios del excomisario José Manuel Villarejo ha visto suficientes indicios para sentar en el banquillo al empresario Javier López Madrid y al expolicía por la supuesta contratación de éste para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto, que ya tiene otra causa contra ellos por amenazas en un juzgado de Madrid.
El magistrado Manuel García Castellón ha acordado en un auto, al que ha tenido acceso EFE este jueves, la apertura de juicio oral contra los dos investigados y el abogado Rafael Redondo, considerado el socio de Villarejo en sus empresas, por cohecho.
Y lo ha hecho en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó hace ya ocho meses el archivo al considerar que no se había constatado que López Madrid diese dádiva alguna a Villarejo por este supuesto encargo y que no queda "debidamente justificada" la perpetración de un delito de cohecho.
Los fiscales del caso dejan claro en ese escrito que este procedimiento no gira en torno a esas supuestas amenazas de Villarejo y López Madrid que Elisa Pinto denunció hace años en un juzgado de Madrid y que han desembocado en otro futuro juicio para ambos investigados en el que la dermatóloga pedirá 22 años de prisión para ellos por delitos como amenazas, lesiones y homicidio en grado de tentativa.
Lo que se ha investigado es si el empresario contrató a Villarejo cuando estaba en activo para llevar a cabo ese supuesto encargo con el objetivo de que Elisa Pinto no denunciase a López Madrid o, una vez que lo había hecho, intentar desacreditarla para que su denuncia no triunfase.
Según la Fiscalía, pese a que existe una anotación en la agenda de Villarejo de septiembre de 2013 con el textual "entrega 10 a cuenta" y una grabación en la que el excomisario refleja la "intención" de pedir dinero a López Madrid, no consta que se haya efectuado pago alguno y, ademas, si hubo o no pago es objeto de la investigación que dirigió el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid en el procedimiento que nació de la denuncia de Elisa Pinto.
No comparte este criterio, sin embargo, el juez García Castellón, que sí ve "indicios racionales de criminalidad" contra los tres investigados, para quienes Elisa Pinto pide entre dos y seis años de prisión.
Según su escrito de acusación, en septiembre de 2013, López Madrid, por intermediación del presidente de Societé Generale, Donato Sánchez, "contrató a Villarejo a sabiendas de que era comisario en activo" para que "le ayudase a finalizar un asunto personal" en relación con Elisa Pinto.
Éste aceptó el encargo y llevó a cabo seguimientos telefónicos y a partir de 2014 se dedicó a hostigar a Pinto para evitar que denunciase al empresario por acoso.
El escrito también relata que el empresario fue al despacho de Pinto junto al abogado Redondo "con intención de hostigarla"; la dijo que "le dejase en paz, que llevaba mucho tiempo con la policía, que parase, y que la policía iría a verla", que "tenía que poner de su parte para que retirara unas denuncias".
En el marco del conflicto entre López Madrid y Elisa Pinto, el primero también presentó denuncia contra la doctora por acoso, si bien la jueza lo archivó en noviembre del año pasado.
