11º-26º
viernes | 19 abril | 2024
El alcalde de Ribeira sostuvo a última hora de la tarde y en los primeros minutos de la noche de ayer en el transcurso del pleno extraordinario que convocó para dar cuenta de la situación jurídico procesal sobre el expediente de la gasolinera de Xarás que el Ayuntamiento no tendría responsabilidad patrimonial en caso de una sentencia firme desfavorable, pues puntualizó que los servicios jurídicos del Concello entienen que no hubo ninguna. En este sentido, el regidor local argumentó que la junta de gobierno local que otorgó la licencia lo hizo dentro de un acto reglado y siguiendo los informes técnicos favorables, y precisó que de no hacerlo de ese modo podría incurrir en prevaricación. "Hai unha actuación que non ten ningún pero para conceder esa licencia", declaró Manuel Ruiz, quien precisó que apoyaba al 100% todo lo que acordaron las juntas de gobierno local, y que él es el máximo responsable de lo que allí se acuerde, auqneu no esté presente, algo que apuntó que se producía muchas veces al tener que atender otros asuntos.
Ruiz Rivas también dijo que se presentó un recurso de reposición a la decisión de la junta de gobierno local, pero que fue desestimado, aunque desde la oposición puntualizaron que quien rechazaba ese recurso era la propia junta de gobierno local y que fue un tribunal de justicia el que anuló la concesión de esa licencia. Y agregó que luego fue cuando se presentó el recurso contencioso-administrativo, "no que cargaron contra todo o que podería afectar á licencia, como o Plan de Ordenación do Litoral (POL), que Ribeira estivera en zona eólica e o incendio, cando ata entón nin o mencionaran", manifestó el alcalde, quien luego preció que el Tribunal Superior de Xutiza de Galicia (TSXG) entendió ue había un cambio de uso sobre los permitidos. Agregó que tiempo después se inició el trámite, que se prolongó dos años, para modificar el expediente de regulación catastral, que permitiera segregar la parte de la finca en la que se levantó la gasolinera, y que se volvió a presentar toda la documentación en el Concello, se trasladó a la Xunta y emitió nuevamene un informe de incidencia ambiental favorable.
Manuel Ruiz, que afirmó que no ha habido ningún acto fraudulento ni tramitación express, aclaró que, por el momento, no hay ninguna orden de suspensión, paralización o de deribo de esa gasolinera, pues la sentencia no es firme, ya que cabe interponer un último recurso ante el TSXG. En este sentido, Ruiz le preguntó al ecretario municipal que responsabilidad tendría el Concello si se derriba la gasolinera en el momento actual, a lo que le respondió que una "aberración" demoler algo para lo que no hay nada que lo ordene o dictamine por parte de una autoridad judicial, e insistió en que con todos los informes favorables a la junta de gobierno local no le quedaba otra cosa que aprobar la licencia.
El alcalde también dijo que se está habando de una responsabilidad patrimonial por más de un millón de euros, pero el Concello sólo tiene constancia de que las obras de esa estación de servicios supusieron 143.000 euros. Respecto a las críticas vertidas por el PBBI en su moción para solicitar la reprobación del alcalde por su gestion en este proceso y el gasto que le suponía al Concello el pago de las costas judiciales y los honorarios del abogado y procurador externos, Ruiz dijo que estos últimos fueron de 7.956 euros y que las costas fueron de 850 euros, mientra que la recaudación e impuestos por las dos licencias de esta gasolinera se eleva a 34.500 euros, "co cal o saldo é positivo para as arcas municipais nuns 25.000 euros".
Ruiz Rivas declaró que los técnicos municipales saben como está el asunto y como se deben defender los intereses del Concello de Ribeira, e invitó a los grupos municipales a que les hicieran las preguntas que considerasen oportunas o necesarias sobre ese tema. El portavoz de Suma Ribeira, Xurxo Ferrón, le repondió que ya habían tenido la oportunidad de preguntarles la semana pasada al respecto, por lo que no tenían que volver a hacerlo y que esta sesión plenaria era para que el propio alcalde diera explicaciones, a lo que el concejal del BNG, Luis Pérez Barral, agregó que debe ser el mandatario local quien debe "render contas e dar a cara".
Ruiz Rivas manifestó que no recordaba que en los incendios del año 2006 se vio afectada la finca en la que se construyó esa estación de servicio, pero agregó que se posteriormente se supo que la zona arrasada por las llamas estaba a un kilómetro de distancia -el auto judicial ireduce esa distancia a 300 metros- dentro de la misma parcela que se vio afectada por el fuego. El mandatario local negó que él o algún familiar suyo tuvieran relación alguna con la propiedad de la gasolinera, por lo que reprochó las "infamias e calumnias" que se estaban vertiendo hacia su persona con esos argumentos. Afirmó que siempre actuó con la máxima rectitud, y que puede aceptar que se le pueda acusar de ser mal alcalde pero no de “sinvergüenza o deshonesto”, y precisó que se estaba atacando su honorabilidad, la de la junta de gobierno local y la de su equipo. El concejal Vicente Mariño, líder del principal partido de la oposición, le replicó que nadie le había calificado de esa manera y que era el propio primer edil el que se los estaba atribuyendo a si mismo.
El alcalde de Ribeira, que insistió en defender su honorabilidad, precisando que "é difícil que sexa máis honrado", repasó todo el proceso por el que se otorgó esa licencia a la gasolinera a Punto de Bajo Coste SL en Xarás, incluyendo que se le remitió la documenación a la Dirección Xeral de Montes de la Xunta de Galciia y que emitió informe favorable al no presentarse ningún interesado tras dar la posibilidad de ello. Agregó que ya se sabía que iba a ser recurrida o impugnada, como así fue, por parte de la asociación de gasolineros y que, en este caso, también lo iba a hacer la empresa que se sentiría como más afectada por ser competencia, como es la estación de sercicio Agro do Forno.
Por su parte, los grupos municipales del Partido Barbanza Independiente (PBBI), del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Suma Ribeira (SR) indicaron que Ruiz Rivas tiene responsabilidad política en la concesión de esa licencia de la gasolinera, pese a que no estuvo presente en la junta de gobierno local en la que se otorgó. Anunciaron que van a pedir todas las responsabilidades cuando se confirme la sentencia y le criticaron al alcalde que se escudase tras los técnicos. Respecto a esto último, el alcalde ribeirense insistió en que no se escuda en su ausencia para eludir responsabilidades y que, al contrariio, respondía por toda las personas que integraban ese órgano colegiado y a los que él mismo nombró. Desde los dos primeros partidos políticos con representación en la corporación municipal leyeron algunos párrafos del auto judicial que anula la legalización de la licencia de esa gasolinera para defender sus reproches hacia el mandatario local. Xurxo Ferrón, de SR, criticó que no se fuera lo más escrupuloso que se debiera con todas las exigencias para otorgar una licencia, como que la finca La Soledad se viera afectada por tres incendios en 2006, y que no podía cambiar de uso durante lso 30 años posteriores a la declaración del incendio forestal.
Ruiz dijo que discrepaba con la Ley de Montes que recoge esa circunstancia, a lo que Luis Pérez Barral, portavoz del BNG, le replicó que esa normativa consiguió acabar con la "corrupción" que suponía la construcción en terrenos incendiados, además de precisar que esa normativa establece la indivisibilidad del suelo rústico, por lo que discrepó con la modificación catrastral realizada. El edil frentista declaró que el alcalde convocó este pleno extraordinario para adelantarse a la oposición, pues sabía que esos grupos de la coproación tenían intención de hacer lo mismo, y le espetó que "vostede parece o representante da empresa e non dos ribeirenses". Seguidamente, manifestó que en el expediente de esa gasolinera hubo "irresponsabilidade" y "mala xestión" por parte del alcalde, y que entre las consecuencias que puede traer una sentencia firme desfavorable, provocando un riesgo para las arcas municipales, figura la destrucción de puestos de trabajo. El concejal del BNG manifestó que en su partido están preocupados por el hecho de que el alcalde en lugar de resolver problemas está creando más, y también culpó a la Xunta "pois non fixo os deberes". También le criticó a Ruiz Rivas que "vostedes manobraron para que non se executase a sentencia", y le dijo que "non vale "con tramitar unha nova licencia para argumentar que a sentenza é inexecutable".
Luis Pérez Barral, al igual que hizo poco después el portavoz del PBBI, Vicente Mariño, le pidió explicaciones a Ruiz Rivas para saber la causa por la que no estuvo presente en la referida junta de gobierno local, ni tampoco en la que se desestimó el recurso de reposición. El líder de la oposición, que acusó al Ejecutuvo local de buscar eludir a la Justicia con un nuevo procedimiento, pero que por ahora les ha salido mal, empezó su intervención diciéndole el alcalde que este pleno era para una "dación de cuenta de sus ilegalidades", y que si desconocía la existencia de ese incendio en la finca de La Soledad "fue porque alguien lo ocultó deliberadamente". También dijo que está convencido de que el licenciatario pedirá la responsabilidad patrimonial del Concello, pese a que Ruiz Rivas sostiene que esta Administración local no tiene ninguna. De igual modo, frente a las palabras del regidor local en que defendió la transparencia e este expediente, Mariño de Bricio lanzó la acusación de que se oculta información "como en el desfalco de 180.000 euros". Y respecto a la moción registrada hace más de diez días para solicitar la reprobación del alcalde, el concejal del PBBI anunció que posiblemente también solicite su dimisión.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se desmarcó un tanto de ese posicionamiento e indicó que puso toda la documentación de este expediente en manos de sus servicios jurídicos para que puedan estudiarla por si se está ante alguna ilegalidad, para posteriormente remitirla a la Fiscalía para que diga si dicha junta de gobierno local o los técnicos actuaron bien. Igualmente, su edil José Manuel Suárez-Puerta manifestó que las responsabilidades políticas se depuran en las urnas y que las civiles y penales se deciden en los tribunales. También dijo que este asunto de la gasolinera era un "arma arrojadiza" entre los dos grupos políticos mayoritarios de la corporación, pero que antes defendian lo mismo. También preguntó sobre de quién será la responsabilidad si este asunto termina como "el enésimo fiasco", aunque a su entender finalmente "pagará Juan Pueblo". La reacción de Manuel Ruiz tras la intervención del edil del PSOE fue la de calificar la actitud mostrada como "nobre".
