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jueves | 25 abril | 2024
La operación Munari contra una presunta red arousana de constructores de planeadoras para el narcotráfico se ejecutó simultáneamente en España y Portugal, donde se contó con la colaboración del departamento de Investigación Criminal de Braga de la Policía Judicial. La tesis de los investigadores es que allí se fabricaban muchas de las embarcaciones porque desde 2018 la legislación español considera género prohibido las semirrígidas de más de ocho metros de eslora o una potencia máxima de 150 kilovatios, así como su construcción o modificación sustancial, así que es requisito indispensable darse de alta en un registro nacional. De hecho, se registraron dos empresas de construcción naval en el distrito de Viana do Castelo donde se incautaron 14 lanchas y otros tantos potentes motores, así como material de construcción, según informaron las autoridades portuguesas. En el país vecino no existen este tipo de condicionantes legales, aunque trabaja en una normativa similar a la de España, que precisamente la creó para combatir el narcotráfico y el tráfico de inmigrantes.
Según las mismas fuentes, las lanchas se encontraban en diferentes etapas de construcción y tanto “el número de embarcaciones como de motores incautados, por valor de varios millones de euros, demuestran la capacidad inversora y logística de la organización criminal”. Cabe recordar que en varias naves de Castrelo (Cambados) y de Ribadumia también se hallaron algunas embarcaciones, así como en Salamanca, pero los astilleros portugueses concentran la mayor parte de las lanchas aprehendidas en esta operación: 14 de una veintena. En estas entradas también se incautaron de otros materiales necesarios para la fabricación, como moldes.
El dispositivo ha sido dirigido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cambados y ejecutado por el EDOA y ECO de Guardia Civil con apoyo de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Explotó el pasado miércoles con 27 registros en Arousa y en localidades de Castilla y León, Cataluña y Madrid. Del total de arrestados inicialmente (21), una docena pasaron a disposición judicial el viernes.
La jornada fue maratoniana, se prolongó durante doce horas y finalmente la jueza dictó prisión provisional comunicada y sin fianza para ocho y para los cuatro restantes, decretó su puesta en libertad con medidas como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorial nacional y la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean requeridos.
Todos están siendo investigados por los delitos de contrabando -continuado-, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, según informó el Tribunal Superior de Xustiza.
Según fuentes próximas a la investigación, entre los que fueron conducidos a la cárcel está el vilanovés que responde a las iniciales de P.V. y al que los investigadores sitúan a la cabeza de esta presunta organización. Se trata de un joven sin antecedentes y que presuntamente habría iniciado un negocio ilícito recientemente.
En el caso del cambadés Ramón Bugallo Martínez y un hijo, ambos quedaron en libertad en calidad de investigados. Cabe recordar, que el primero es primo del histórico Sito Miñanco y es un viejo conocido de los agentes antidroga.
Entre los detenidos figuraban también un vilagarciano y otros arousanos, algunos de los cuales quedaron en libertad en sede policial al estar considerados como empleados en principio sin ánimo ilícito. También había cuatro arrestados en Salamanca.
El objetivo del dispositivo era desarticular lo que los investigadores consideran una importante red de fabricantes de planeadoras para su venta a las mafias del narcotráfico.
