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jueves | 25 abril | 2024
pero lejos de haberse cumplido sigue abierta y lo más grave para el sindicato es que la propia administración es sabedora de la situación, pero no toma medidas. De hecho, le acusan de actuar con “deixadez” y “neglixencia” porque permite que los 106 usuarios con que cuenta actualmente estén atendidos por un servicio “ilegal”.
Su responsable comarcal en O Salnés, Xoán Xosé Bouzas, “Tupi”, aseguró no tener palabras para calificar la situación: “Non ten nome”, resumió. Recordó que en junio de 2017 la Consellería de Política Social revocó a la empresa Viajes Silgar la autorización para funcionar como residencia, una vez que comprobó que la gestión cambió de manos sin el preceptivo permiso y además, la nueva empresa no está registrada como prestadora de servicios sociales. Le dio dos meses para desalojar a los usuarios con todas las garantías, pero la orden nunca se cumplió.
Aparece una nueva empresa
“Tupi” explicó que la Xunta realizó una inspección en diciembre y luego otra vez en septiembre y octubre de este año y “en todas constata que sigue aberta e lle permite que siga funcionando. Isto non pode se pode consentir e lévanos a pensar que a empresa sigue coa connivencia da Xunta”. Y no es todo porque en sus informes también contempla que “as instalacións non reúnen as condicións nin están á altura do que ten que ser unha residencia para maiores”.
Además, tras las inspecciones se ha vuelto a dejar constancia del “entramado” de empresas que, según lleva años denunciando el sindicato, han servido al empresario Enrique Martínez Núñez para seguir lucrándose de esta actividad sin asumir responsabilidades en el concurso de acreedores que sigue abierto contra Viajes Silgar. Así, vuelven a aparecer viejas conocidas de este conflicto como Dos Andando, Residencia de Mayores 2013 y Euroconsultores que se encargan, respectivamente, de los contratos del personal, las facturas con los proveedores y de los contratos con los usuarios, aunque aparece una nueva, First Again, a donde “se desvían” las mensualidades que pagan los usuarios y que pueden alcanzar los 1.450 euros al mes o más, en función de los servicios contratados, con lo cual, el sindicato calcula que se están ingresando unos 150.000 euros mensuales.
Esta situación también les ha llevado a acusar de “deixadez” al juzgado de lo mercantil y al administrador concursal del proceso de Viajes porque “siguen entrando cartos na residencia, pero non na conta do administrador e son cartos cos que se podería pagar a débeda de 3,6 millones de euros” que aún tiene la sociedad con administraciones como la Seguridad Social, entre otras. En el caso de conflictos laborales, se van resolviendo con el Fogasa.
Así las cosas, Bouzas acusa a las autoridades políticas y judiciales – y suma al Concello de Vilanova– de “mirar cara outro lado” y de actuar de manera “neglixente porque deberían clausurala inmediatamente e sobre todo mirar como están os maiores, que non falamos dunha conserveira”, añadió su compañera Rosa Abuín.
Fiscalía
La consellería remitió el resultado de sus inspecciones al juzgado que lleva el concurso de Viajes para que lo ponga en conocimiento del Ministerio Público, sin embargo, la central sindical considera que se debería ir más allá de la investigación económica sobre la residencia y las empresas vinculadas, depurando responsabilidades incluso en la Xunta por no actuar y clausurar la actividad como ha hecho en otros casos como uno sucedido en O Grove que, asegura, desalojó el centro en unos días. Es más, cree que lo único que hace “é lavarse a cara cuns informes”. l
