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lunes | 6 mayo | 2024
La Xunta de Galicia ha dado el visto bueno ambiental a la futura planta de compostaje que Sogama tiene previsto habilitar en el polígono industrial de Baión. Lo hace tras tumbar las únicas alegaciones presentadas en este expediente, formuladas por la Comunidad de Montes de la parroquia, que mostró su oposición a la ubicación, así como su preocupación por la posible generación de malos olores, ruidos o vertidos.
En concreto, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático ha emitido una resolución que otorga autorización ambiental integrada al proyecto de la planta de compostaje, decisión que se hizo pública hoy. La resolución pone fin a la vía administrativa, pero todavía es susceptible de un recurso de alzada ante la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda.
Los comuneros de Baión habían esgrimido hasta ocho argumentos en sus alegaciones. En primer lugar, mostraron su disconformidad con la implantación de la actividad en la ubicación planteada. Igualmente, cuestionaron el encaje de la actividad de compostaje en el uso industrial que en la zona establece el Plan Sectorial que regula el polígono. También pedían habilitar un sistema de control de olores de periodicidad mensual durante el primer año de funcionamiento de la planta, pasando después a ser de carácter bimensual; que se fijase un sistema de control acústico, un sistema de corrección de posibles desviaciones en la calidad de las aguas emitidas a la red de saneamiento, así como medidas sobre vertidos, emisiones ambientales, generación de residuos y ruidos.
Todos estos planteamientos fueron contestados por la Dirección Xeral, desestimando la totalidad de alegaciones.
Así, la administración autonómica considera que el tipo de suelo permite esta clase de actividad y que la propia autorización ambiental integrada ya recoge las medidas ambientales necesarias para asegurar un correcto tratamiento de residuos, emisiones, ruidos y demás riegos ambientales en suelo, aire y aguas.
En lo referente a los olores, argumenta la Xunta que en el propio documento ambiental se fija la obligación de realizar un “mantemento axeitado dos sistemas de tratamento” y se propone ya una medición de olor, eso sí, con carácter semestral. En el caso de que se detectasen valores por encima de los límites máximos, se deberán “implantar medidas correctoras”. La empresa también queda obligada a contar con un “Plan de Xestión de Olor” y, con la planta ya en marcha, realizará un “estudo de olores”, que incluirá también “as zonas habitadas próximas”, identificando “os lugares de maior impacto olorífico”.
En cuanto al impacto acústico, el gobierno gallego considera que “se cumpren sobradamente os límites” y que también habrá un control de los niveles durante el primer mes de actividad.
Los vertidos previstos a la red de saneamiento los estiman en un caudal “interior ao producido por un aseo doméstico convencional”.
La planta ocupará 10.262 metros cuadrados de los 19.585 de las parcelas donde está prevista su construcción.
