9º-18º
martes | 7 mayo | 2024
Un total de diez de los 17 integrantes de la red presuntamente liderada por el narcotraficante cambadés Rafael Bugallo Piñeiro, “O Mulo”, reconocieron ayer su vinculación con un alijo de 1.245 kilos de cocaína incautado a bordo del pesquero Coral I apresado en alta mar en enero de 2015. Así lo señalaron en la primera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Pontevedra y en la que las defensas de los acusados pidieron la nulidad del juicio al considerar que se realizaron escuchas ilegales.
Los que reconocieron su relación con el alijo son nueve de los detenidos en alta mar a bordo del barco con droga procedente de Sudamérica y uno de los tres miembros de la rama sudamericana de la organización desplazada a Galicia para supervisar la operación. Los otros siete acusados, entre ellos el cambadés y su mano derecha Jaime Iván Bolados Geraldo, de origen chileno y residente en Pontevedra, se declararon inocentes.
La Fiscalía reclama penas de un total de 336 años de prisión para esa organización internacional presuntamente criminal liderada por “O Mulo”, que se encuentra en prisión tras ser condenado a ocho años y medio de cárcel por un alijo de cocaína incautado en la playa de A Lanzada. En concreto, para él pide 24 años de cárcel por delitos de narcotráfico, coordinación y dirección de organización criminal y tenencia ilícita de armas, además del pago de una multa de 425 millones.
Antes de que los acusados comiencen a declarar, un trámite previsto inicialmente para hoy martes, el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra deberá responder a las peticiones que las partes realizadas ayer. El fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, pidió incorporar a la causa la declaración de nuevos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que participaron en la investigación, que permitió frustrar esta operación, y más pruebas policiales.
Tribunal Constitución
Por su parte, el abogado de “O Mulo”, el letrado Francisco Miranda, pidió la nulidad del juicio por presuntas ilegalidades en las escuchas, al entender que se vulneró el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el secreto de las comunicaciones. Miranda alegó que la Policía extrajo la mayoría de la información de escuchas a los acusados en sus reuniones en una furgoneta y que éstas se obtuvieron “de forma ilegal”. “No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional”, argumentó, añadiendo que los hechos juzgados son previos a la modificación en 2015 de la ley de enjuiciamiento criminal que avala este tipo de vigilancia, y, por tanto, las escuchas “no eran legales”, por lo que “la nulidad entendemos que afecta a todo el procedimiento”.
A este respecto, el Ministerio Público asumió que la “sonorización” de la furgoneta pudo ser “incorrecta” según la doctrina del Constitucional, pero defendió que esta cuestión no invalida el resto del procedimiento, al existir más pruebas y otras escuchas realizadas correctamente.
El abogado de O Mulo también indicó que su cliente está sometido a un “desgaste emocional enorme” y reveló que hubo un intento de llegar a un acuerdo, pero no fue posible.
Los diecisiete acusados por el Coral I lo están por los delitos de tráfico de drogas, coordinación y dirección de organización criminal, pertenencia a organización y tenencia ilícita de armas. La Fiscalía considera que todos ellos, y uno más que falleció, formaban parte de una organización criminal que tenía como finalidad la introducción en España y el tráfico ilícito de estupefacientes. Para ello, según los investigadores, contaban con diversos medios especialmente complejos y específicos para el tráfico de droga, así como con una estructuración jerarquizada y con un preciso reparto de funciones o cometidos.
Dentro de esta organización, rodeaba de numerosas y complejas medidas de seguridad para evitar su control policial, era posible distinguir una rama sudamericana exportadora de la cocaína y una rama gallega, importadora de la droga y encargada de hacer entrar la droga en Europa por las costas gallegas, siempre según la agencia Efe.
“O Mulo” está considerado el jefe o director de la organización y el Ministerio Público considera que era el que tenía una mayor experiencia en operaciones de narcotráfico y el que tomaba las decisiones, decidía los detalles de la concreta operación de narcotráfico a realizar y daba las órdenes específicas para su desarrollo.
Igualmente, lo acusa de ser el que mantenía los contactos con los proveedores sudamericanos de la droga y, adoptando férreas medidas de seguridad, el que organizó, dirigió y controló la construcción de la embarcación que los acusados pretendían utilizar para sus fines de narcotráfico.
