16º-21º
domingo | 12 mayo | 2024
El Concello recibió esta semana la última resolución de la APLU respecto del edificio administrativo, contra la que ya no cabe presentar más alegaciones.
La APLU es contundente. No solo desestima los argumentos planteados por la administración local y ratifica la ilegalidad del edificio y su necesaria demolición, sino que da al Concello un plazo máximo de tres meses para llevarla a cabo.
En esta última resolución, la APLU insta al alcalde a prohibir los usos en el edificio administrativo, que en la actualidad acoge toda la actividad funcionarial de la plantilla municipal, con carácter inmediato.
La resolución, contra la que el Gobierno local puede acordar presentar un recurso por la vía contencioso-administrativa, advierte al alcalde con multas coercitivas que pueden alcanzar los 10.000 euros, en caso de que incumpla la demolición.
En sus conclusiones la APLU advierte de las múltiples ilegalidades en las que incurre el edificio administrativo, rodeado de polémica desde sus cimientos. Así, hace referencia al tipo de suelo en el que está levantado, incompatible con esta construcción mientras la aprobación del PXOM no suspenda el conocido como “Decreto Cuiña”, impuesto en el año 2002.
Hace también referencia a la falta de autorización por parte de Patrimonio y al incumplimiento de la altura máxima, así como a la falta de plazas de garaje.
