El Pleno de A Illa rechazó hoy la propuesta del PP de suspender la aplicación de la zona residencial a la espera de más consenso. El secretario dio lectura, antes del debate, de un razonamiento jurídico en el que advertía de la incompetencia, por razón de la materia, de llevar la cuestión tal y como la planteaba el PP. En vez de un punto a votar, indicó que, por normativa, debería adoptar mejor la forma de un ruego. 

Aun así, la medida terminaría votándose en la sesión extraordinaria forzada por el PP. Y, como cabía esperar, quedó rechazada. De hecho, solo hubo dos votos favorables, uno del PP y otro del no adscrito Matías Cañón, ya que el resto de concejales populares terminaron abandonando su Pleno antes de llegar a la votación, en señal de protesta cuando más arreciaron las críticas del público hacia el bipartito. 

Reiterativo 

Por lo demás, el debate fue bastante reiterativo, toda vez que el asunto lleva coleando meses y ya había sido materia de debate previamente, en varias ocasiones. 

Así, las posiciones volvieron a ser las ya bien conocidas. De una parte, la oposición pidiendo más consenso, que se escuchase a los críticos, el supuesto afán recaudatorio de las sanciones  y el perjuicio a negocios y visitantes e incluso familias de A Illa. 

De otro, el grupo socialista, reiterando de hemeroteca las sucesivas votaciones unánimes al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y la adhesión a este de la Avenida Castelao con el beneplácito del PP. El nacionalista Manuel Suárez centró sus intervenciones en advertir que la oposición “pide un Pleno para votar algo ilegal e non se poñen nin colorados”, en alusión a la advertencia legal de nulidad del acuerdo. 

Y un público compuesto por críticos a las medidas, cada vez más exaltado, con constantes interrupciones a los corporativos a pesar de las llamadas al orden del alcalde, Luis Arosa, recordando que solo los concejales pueden hablar en tanto no se dé por finalizada la sesión. Al final, lo mismo que se lleva repitiendo en A Illa más de tres meses: reproches lanzandos a gritos desde el público, críticos con el bipartito. 

Desde el PP, Miguel Paz afirmó que el gobierno local dejó sin atender el requerimiento de documentación que también exigían. “Déronnos catro papeis para perder o tempo lendo”, pero ni rastro de las facturas de las cámaras, de su instalación, ni de informes que lo avalen o de los acuerdos para ponerlas. 

Finalmente, se consumó el cambio de asiento de Matías Cañón, junto al BNG. Lo hizo mostrando su oposición a la medida, pero lo acató “por compromiso cos veciños que nos elixiron”. Las multas comenzarán a aplicarse en unas semanas.