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jueves | 25 abril | 2024
No será tampoco el próximo martes. La vista que deberá juzgar a José Ramón “Nené” Barral, exalcalde de Ribadumia, y a una decena de acusados más estaba señalada para este próximo día 26, pero fuentes de la Fiscalía confirmaron hoy que se ha tenido que posponer. De entrada, la nueva fecha queda señalada para el 27 de septiembre. Habrá que ver entonces. Una nueva espera para una causa que llevaba 21 en instrucción, la investigación por supuesto contrabando de tabaco que terminó costándole a Barral la Alcaldía de Ribadumia hace dos décadas.
El motivo de este aplazamiento a septiembre se debe a que una de las personas procesadas ha alegado problemas físicos, avalados por informes médicos, que le imposibilitan acudir a la sesión este próximo martes, donde estaba previsto abordar las cuestiones previas.
La Fiscalía acusa a una decena de personas, entre ellas también a Feliciano Barral, hermano del exregidor. En la supuesta trama se investigó además a funcionarios de Aduanas y guardia civiles, por su presunta colaboración con la red. Con todo, la causa, una de las que más tiempo llevaba en los juzgados en España, ha visto cómo durante estos años fallecían algunas de las personas investigadas.
El Ministerio Público sostiene que los procesados, desde el año 1996 hasta el mes de mayo de 2001 en que explotó el operativo policial, habían integrado en Europa y en España, fundamentalmente en Galicia —en las provincias de A Coruña y Pontevedra— un “grupo organizado, estable con proyección internacional y delimitada asignación de tareas y jerarquización entre sus miembros”, con la finalidad de “procurar la introducción en España y en el territorio de la Unión Europea de importantes partidas de labores de tabaco de procedencia extracomunitaria, por vía marítima y terrestre, así como a través de contenedor”. Estas operaciones las habrían efectuado “de acuerdo con otras personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca”, concluyen desde la Fiscalía. Justamente, la dificultad de la investigación en países extranjeros fue una de las causas de la dilación en la instrucción de la causa.
El caso afrontará ahora la fase de diligencias previas y vista oral con la petición de penas de prisión y multas por la presunta comisión de delitos de contrabando continuado, asociación ilícita, revelación de secretos cometido por funcionario público, así como de cohecho tanto activo como pasivo. Además, la deuda tributaria total en relación a la importación de tabaco de procedencia extracomunitaria ascendería a 4.974.342,83 euros. Con todo, tampoco se descarta que, finamente, la resolución del caso pase por un posible acuerdo.
