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viernes | 19 abril | 2024
Meaño Independiente (MI) acusó ayer al gobierno local de realizar una “inaxeitada” gestión económica al recurrir de manera frecuente a las modificaciones de crédito para el pago de facturas por servicios o la ejecución de proyectos, cuando se trata de una fórmula que la propia secretaria advierte debe ser excepcional. De hecho, expone que el año pasado ascendieron a 551 por un montante de 150.00 euros y fueron “cuestionadas ou calificadas como irregulares” por la funcionaria, con lo cual, la agrupación de electores no descarta realizar una “reclamación xudicial” para “protexer os intereses dos veciños”.
El grupo opositor liderado por el concejal José Manuel Aspérez realizó estas declaraciones ante una nueva propuesta de modificación de crédito para la financiación del proyecto para la calle Herminia Fariña y el mirador de As Covas. Con el primero están de acuerdo, es “una demanda veciña e política”, indican, pero el otro les parece “malgastar 60.000 euros par levar a botella da plaza da feira, coa cantidade de necesidades que hai e que nos orzamentos de 2022 quedaron excluídas”. De hecho, consideran que no deberían ir en el mismo “lote” y piden votar por separado ambas cuestiones.
Para los independientes esto es una “mostra máis” de una “inaxeitada” gestión económica basada en modificaciones de crédito que “pasan por enriba dos orzamentos” y, de hecho, apuntan que antes de terminar 2021, se habían realizado este tipo de operaciones por valor de 1,5 millones de euros. “Non ten previsión económica algunha, ademais do vaciado dos aforros do concello dos últimos 20 anos en asuntos e obras que non son demandadas polos veciños”. A esta “mala xestión”, suma “continuas” contrataciones de empresas externas cuando hay personal cualificado en el Ayuntamiento y se remite a una resolución de Secretaría donde se advierte de esta práctica.
También señalan que la técnica ha cuestionado o llamado “irregulares” las 551 facturas pagadas el año pasado y que esta situación ya se produjo en 2020, con lo cual esta “deriva na xestión puidera rematar nunha reclamación xudicial que dende este grupo non descarta, xa que debemos protexer os intereses de todos os veciños evitando contratacións e pagos irregulares”, advierte MI.
