Irán: el atronador silencio culpable

Hace unas semanas regresó a España Santiago Sánchez encarcelado en Irán durante año y medio por el “grave delito” de atreverse a visitar la tumba de Mahsa Amini, la joven detenida, torturada y asesinada por la policía religiosa islámica por no llevar correctamente el hiyab, el velo islámico. Dos mujeres periodistas que ejercieron su trabajo con valentía al publicar fotos de Mahsa en el hospital, una de ellas, y cubrir informativamente el entierro, la otra, han sido condenadas a 13 y 12 años de prisión respectivamente por el juez Salavati, conocido como “el juez de la muerte”. Todavía desconocemos la implicación real de Irán en el intento de asesinato en Madrid de Alejo Vidal Quadras, crítico contra el régimen opresor de Alí Jamenei. Lo que sí conocemos es la implicación del régimen de Irán en todos los conflictos de Oriente Medio, incluido su apoyo militar y económico a las milicias y partidos políticos en Irak, al régimen de Bashar Al Asad en Libia, a Hamás --que con su salvaje ataque a Israel propició el terrible genocidio israelí en Gaza-- y a la Yihad Islámica en Palestina, a Hezbolá en Líbano y al movimiento hutí en Yemen, que está logrando cerrar el paso en el mar Rojo con atentados contra los barcos que intentan cruzarlo. Nada se mueve en la zona sin la intervención de Irán que busca extender el conflicto. En Irán todo lo dirige el líder supremo Alí Jamenei y todo lo ejecuta su policía religiosa islámica. Se encarcela a los que defienden los derechos humanos de los vulnerables, especialmente de las mujeres. Se detiene a los que no cumplen con el máximo rigor las normas opresoras que dictan los ayatolás. Se tortura a los que son detenidos. Se aísla a los que piensan de otra manera o tienen creencias diferentes. Se cierran comercios como castigo. Se prohíbe el acceso a los estudios universitarios a los que pertenecen a minorías étnicas. Se silencia toda voz que disiente. Y no hay movimiento terrorista en la zona que no esté impulsado, apoyado, patrocinado o sostenido con el dinero de Irán, un país que sigue buscando disponer de una bomba atómica pese a los acuerdos firmados y sus compromisos con los organismos internacionales.

Narges Mohammadi no pudo en diciembre pasado recibir el Premio Nobel de la Paz porque está encarcelada por defender los derechos humanos. Y la otra mujer que consiguió el galardón hace veinte años, Shirin Ebadi, está exiliada y no puede regresar a su país. Las mujeres valientes de Irán, que no cejan en su lucha, saben que su destino es la opresión, la cárcel o el exilio.

Amnistía Internacional acaba de hacer pública una buena noticia. 570.000 firmas han logrado que el régimen iraní haya concedido la libertad condicional a la abogada y defensora de los derechos humanos, Nasrin Sotoudeh, detenida en 2010, liberada en 2013, vuelta a detener en 2018, condenada a 138 latigazos --que finalmente no recibió por la presión internacional-- y a 38 años de prisión. Lo que merece Nasrin es la libertad plena, sin condiciones y poder seguir siendo lo que es, una abogada que defiende los derechos humanos frente a un régimen corrupto. Casi al mismo tiempo hemos conocido la detención de otro abogado, defensor también de los derechos humanos. Khosro Alikordi, acusado de un delito de propaganda contra la República de Irán, ha sido condenado por el “juez de ejecuciones, condenas de cárcel y latigazos” a un año de prisión, dos de exilio, dos de prohibición de ejercer su profesión y dos de no poder salir del país. Irán sigue pisoteando los derechos humanos, sobre todo de las mujeres, y alentando y financiando el terrorismo en el mundo. Con el silencio culpable y atronador de tantos que atacan otras violaciones de los derechos humanos por otros Estados.