Justicia mal politizada, democracia devaluada

El juez Llanera se anticipa a la posible amnistía a los imputados independentistas y a Puigdemont recurriendo  al Constitucional y a la Justicia Europea si el gobierno de Sánchez la aprueba. En caso de aprobarla será por los órganos competentes, luego puede ser recurrida también por los órganos competentes y resuelta en última instancia por el Constitucional. No olvidemos que la euforia independentista pasó del 10 % de Zapatero presidente, al 48 % con Rajoy de presidente del gobierno y del PP, fecha en  la que se le escapó Puigdemont a Waterloo. Es lamentable que el juez Llanera no pudiera hacer lo mismo recurriendo la ocupación irregular de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo caducados hace 5 años, y los partidos culpables de no cumplir la Constitución que así lo establece. Si tan celosos son del cumplimiento de la Ley, como debe ser, debe imputar al partido PP por ocupa y disfrutar de una representación en los órganos judiciales que no le corresponde desde hace cinco años, por derecho  de este gobierno según la Constitución y por  mayoría en las urnas. Ocurre porque la justicia mal politizada, democracia devaluada. Otro año judicial de pena.
 

Si a los ciudadanos nos obliga la Ley a denunciar un delito del que tengamos conocimiento, Art. 262 del Real Decreto de 14 de Septiembre de 1982, año en el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un delito público a denunciarlo.
 

Resulta extraño que tenga que denunciar un ciudadano cuando es competencia del Ministerio Público y de jueces cuando salen publicados supuestos delitos en los medios de comunicación que no son investigados por ellos.
 

Más aún. Yo tengo la experiencia de archivo de denuncias hechas por mí y otros con pruebas claras y contundentes siendo reiteradamente archivadas. Recuerdo una visita que le hice a una fiscal para informarle de un grave delito y le pedí su opinión y me dijo que presentara la queja ante el Valedor do Pobo, que dicho sea de paso, se parece a un buzón de quejas que no resuelve nada porque no tiene poder coercitivo legal. Sirve de muro de lamentaciones.
 

Solo está para elaborar el balance de las quejas cada año ante  el Parlamento Gallego, sin que los culpables se den por enterados. Lo mismo pasa con el Consello de Contas, que solo trasladan a los otros organismos las anomalías pero en la mayoría ninguno hace caso y no pasa nada. 
 

Que los máximos responsables de la justicia y los partidos políticos no cumplan la Constitución es 

gravísimo en un Estado de Derecho y democrático. Así ocurre que las leyes se las hacen cumplir al pueblo literalmente llamado soberano que dice la Constitución, pero en la práctica el pueblo es ninguneado.