El incendio de la calle de la Barrera en A Coruña del pasado martes apenas se produjo unas horas después de la conferencia de presidentes autonómicos que iba a tratar, entre otros, el problema de la vivienda. Porque mientras los políticos se enzarzan con los pinganillos, las lenguas oficiales y el no te beso porque me llamas asesina, los okupas de inmuebles abandonados (sí, abandonados, no solo vacíos), viven en unas condiciones que llegan a convertirse en una bomba incendiaria. Llámenme exagerado, pero estoy seguro de que ninguno de los vecinos que desalojaban los bomberos a las dos de la mañana estaba muy preocupado por si España es plurinacional o uninacional. Puede que ni siquiera supieran que desde el 3 de abril pasado existe una ley antiokupas que al parecer no se cumple. Tal vez la vida real, tanto la cotidiana como la extraordinaria, transcurre tan ajena a la trifulca del “quítate tú pa ponerme yo” como, lamentablemente, a la propia legislación.

Que la okupación en este país no sea un problema estadísticamente tan importante como hacen pensar los anuncios de alarmas no significa que se pudiera justificar la excepcionalidad legal en la que vivía. En Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Dinamarca… en estos y en más países europeos se procede al desalojo inmediato, con el único matiz de que la denuncia la presente el propietario o la policía. El sistema judicial entra en funcionamiento después. En España hasta ahora no era posible por una montaña de circunstancias procesales. Por ejemplo, que los ocupantes puedan ejercer su derecho de defensa antes del desalojo, que se valoren pruebas y alegaciones de ambas partes o que se tuvieran en cuenta situaciones de vulnerabilidad. Además, claro, de la consabida saturación y lentitud judicial.

Pero en abril se han introducido los juicios rápidos, la posibilidad de desalojos en 15 días desde la denuncia (en Europa son 24 o 48 horas), y en muchos casos se puede eliminar el estudio de vulnerabilidad. Además, si la okupación se detecta en las primeras 48 horas, las fuerzas de seguridad pueden desalojar casi de inmediato sin necesidad de orden judicial, eso sí, en casos concretos. Entonces todo solucionado, ¿no?

Pues no. Por varios motivos. El primero, porque puede no haber denuncia cuando se trata de edificios abandonados. Una situación, la de abandono, que ningún ayuntamiento debería consentir por la inseguridad e insalubridad que se produce tanto si se okupan (frecuentemente sin las mínimas condiciones de habitabilidad) como si los únicos vecinos son ratas de medio metro. El segundo, porque en este país es mucho más fácil redactar leyes y órdenes que hacerlas cumplir. Para muestra clamorosa la prohibición de las llamadas comerciales desde el pasado día 7. ¿Cuántas ha recibido usted? Supongo que las suficientes como para preguntarse si lo de la prohibición era una broma. Quizá lo sea.

Incendios de edificios okupados como el de la Barrera, o el de Palavea, Os Mallos, Vista… suman más de una veintena en los últimos años. La cifra de inmuebles abandonados supera el millar. Y afecta a todo su barrio. A Coruña no es una excepción, ni nacional ni plurinacional. Ocurre en todas partes. Y las expropiaciones no llegan. Ni las rehabilitaciones. Ha habido buenos ejemplos de recuperación de cascos antiguos en Santiago, en Pontevedra… pero ahí ha quedado todo. Ojo, todo no: la solución al problema de la vivienda ha recaído en el particular con la declaración de zonas tensionadas en vez de que la administración participe activamente como protagonista, promoviendo obra pública y revitalizando zonas donde se concentra la ruina y la okupación. No sé ni cómo no pasan más desgracias. Algún día los bomberos no podrán hacer el milagro.