La conflictividad entre contribuyentes y la Administración Tributaria ha alcanzado niveles preocupantes en España. La CEOE, a través del Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha denunciado recientemente que la deuda tributaria sujeta a litigios superó los 42.000 millones de euros en 2023. A esta cifra se suman más de 12.000 millones en indemnizaciones derivadas de sentencias judiciales desfavorables para Hacienda, lo que equivale al 21% de los ingresos tributarios anuales. Este fenómeno no solo tensiona las cuentas públicas, sino que también debilita la seguridad jurídica del sistema fiscal para el contribuyente.

La elevada litigiosidad responde, en parte, al número de errores en la actuación administrativa. El 60% de las liquidaciones impugnadas acaban siendo estimadas total o parcialmente a favor del contribuyente. Estos datos sugieren que la Administración no siempre actúa con el rigor jurídico esperado, lo que lleva a muchos contribuyentes a optar por el recurso, a pesar de los costes y los largos plazos que ello implica. Solo en 2022, se presentaron más de 230.000 reclamaciones ante los tribunales económico-administrativos, lo que supone una media diaria de 630 casos.

Los fiscalistas coincidimos en que los contribuyentes han perdido el miedo a enfrentarse a Hacienda. La razón es sencilla: no es infrecuente que los tribunales les den la razón. La  Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado que entre 2014 y 2023, las sentencias desfavorables supusieron un coste promedio anual de 1.005 millones para el Estado. Algunas decisiones judiciales han tenido un impacto especialmente severo, como el céntimo sanitario (con un coste de 1.671 millones en 2014), la exención del IRPF en las prestaciones de maternidad y paternidad (1.262 millones), o el caso Telefónica, por la compensación de bases imponibles negativas, que supuso en 2022 un gasto de 1.317 millones de euros para las arcas del Estado, puesto que la Agencia Tributaria tuvo que devolvérselo a Telefónica.

Detrás de este escenario, hay causas estructurales. La utilización excesiva del real decreto-ley para legislar en materia tributaria, a pesar de que la Constitución reserva estas cuestiones a leyes ordinarias, ha provocado fallos de inconstitucionalidad. Además, la extralimitación normativa y la falta de armonización con las directivas europeas han generado una importante inseguridad jurídica. Casos como el del modelo 720 o el canon hidráulico son prueba de ello.

El colapso de los órganos administrativos encargados de resolver estos recursos agrava la situación, en la actualidad el Tribunal Económico Administrativo está tardando años en resolver. Los Tribunales Económico-Administrativos reciben una avalancha de expedientes que, por falta de medios, se resuelven con frecuencia mediante decisiones estandarizadas, de calidad técnica discutible. Todo ello prolonga los tiempos de resolución y genera frustración en los contribuyentes.

En este contexto, contar con un asesor fiscal solvente es clave. Un profesional con experiencia no solo puede detectar errores en la actuación de la Administración, sino también guiar al contribuyente en la estrategia más adecuada para defender sus derechos. La preparación técnica, el conocimiento profundo de la normativa y la capacidad para gestionar los tiempos del procedimiento pueden marcar la diferencia entre perder o ganar un pleito tributario.

Ante este panorama, tanto la CEOE como la AIReF y numerosos expertos proponen reformas de calado. Se aboga por una simplificación normativa, por fomentar mecanismos extrajudiciales como la mediación, la conciliación o el arbitraje, y por establecer una relación más cooperativa entre la Administración y los ciudadanos. También se reclama una reforma de los procedimientos administrativos y judiciales que permita reducir los plazos y mejorar la calidad de las resoluciones.

La litigiosidad tributaria no solo afecta al bolsillo del Estado, sino que erosiona la confianza en el sistema. Más de un tercio de las empresas españolas consideran que su relación con la Administración Tributaria limita su actividad, según datos del Banco Mundial. Frente a un entorno donde litigar se convierte en una necesidad más que en una opción, urge dotar al sistema de mayor estabilidad, claridad normativa y mecanismos eficaces para resolver los conflictos sin necesidad de llegar a juicio.

*Noelia Puceiro es la

directora de INTER Asesoría