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viernes | 26 abril | 2024
Un total de 241 vecinos de las comarcas de O Salnés y el Ulla-Umia esperan por una vivienda protegida. La cifra ha ido variando en los últimos tiempos, y es que la promoción de este tipo de edificaciones ejecutadas por la administración es prácticamente nula desde que la crisis económica hizo acto de presencia. De hecho, en Vilagarcía el último edificio de este tipo fue el bloque de Desamparados, cuyos pisos se adjudicaron hace un lustro. No obstante, muchos ciudadanos se mantienen en el registro de la Xunta por si en un futuro se retoma la construcción, aunque más bien porque es obligatorio para optar a los programas de ayudas al alquiler y a la compra porque, planes a corto plazo de nuevas promociones, no hay y los gobiernos están apostando por otras vías como es activar el parque de viviendas particulares vacías.
Un ejemplo es la capital arousana que hace unos días puso en marcha el registro de un programa que desarrollará junto al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y que busca conectar demandantes y propietarios de pisos sin ocupar, pensando en aquellas unidades familiares o de convivencia que tengan una mayor dificultad de acceso a la vivienda por ingresos bajos, entre otras cuestiones. Además, a la hora de adjudicarlas, tendrán prioridad las afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria, sin necesidad de que exista una resolución judicial de finalización del procedimiento o por impagos de domicilio habitual, así como las que tengan hijos menores a cargo, las unidades monoparentales y las numerosas, pero también en las que entre sus miembros haya mujeres víctimas de violencia de género y mayores de 65 años o dependientes.
Para su concesión, se creará una comisión de adjudicación que evaluará las peticiones y realizará procesos de este tipo mensualmente, siempre que haya demanda y oferta suficiente.
Preferencias
El régimen es en alquiler, concordando con la preferencia de la mayoría de demandantes de vivienda protegida registrados en la capital arousana y que suman un total de 187. En concreto, 166 esperan por una vivienda de protección oficial de promoción pública con arrendamiento, tres para comprar y 11 con un alquiler que le dé opción a compra. El resto, siete, aspiran a viviendas de promoción privada en régimen especial y de régimen general.
Los precios no podrán superar los 300 euros al mes y, según un estudio realizado por la redactora del PXOM vilagarciano, hay más de 4.000 viviendas vacías en la villa susceptibles de entrar en este programa impulsado por el IGVS y la Federación Galega de Municipios al que se acogió Ravella el año pasado. Pero no fue el único concello de O Salnés. Los plenos municipales de Ribadumia y A Illa de Arousa también aprobaron la adhesión a este convenio, pero todavía no lo han desarrollado. En su caso, hay 15 y 1 inscritos demandantes inscritos en la Xunta, respectivamente.
