Una jueza ha archivado las denuncias de la Fiscalía y el PSOE contra Vox por supuesto delito de odio por un cartel sobre menores extranjeros no acompañados al estimar que ha ejercido su derecho a la libertad de expresión en el marco de la campaña para las elecciones en la Comunidad de Madrid.En un auto la jueza de instrucción número 53 de Madrid decreta el sobreseimiento de la causa al no apreciar indicios de que los hechos denunciados revistan delito.En el cartel electoral de Vox se ve en un lado a una anciana y en otro a un niño migrante con el texto "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes" con el lema "Protege Madrid, vota seguro".A juicio de la magistrada en los mensajes electorales de Vox "no se aprecia la intensidad necesaria para generar un riesgo a los menores extranjeros ni a otros colectivos, requisito que exige la jurisprudencia para que exista un delito de odio".Explica que el PSOE denuncia aspectos de la campaña de Vox que se refieren fundamentalmente a mensajes de divulgación en carteles, en su web y en las redes sociales Twitter y Facebook sobre extranjeros menores acogidos en España y otros colectivos como inmigrantes que cometan delitos, musulmanes que justifiquen la violencia contra mujeres y homosexuales, bandas callejeras y ocupas.La jueza fundamenta que "el contexto en el que se producen los hechos, en el marco de la campaña electoral, resulta fundamental como realidad social del tiempo en el que debe aplicarse el Código Penal"."Los hechos denunciados constituyen el desarrollo, la forma de expresión en campaña electoral de la política de inmigración de Vox, así como la política sobre el delito de usurpación y otras cuestiones", añade.Agrega que "Vox, como formación política que concurre a las elecciones, propone un programa que incluye una política determinada en materia de inmigración y en clave electoral con el eslogan 'Protege Madrid' publica carteles y difunde mensajes relativos a los menores extranjeros acogidos en España, personas desde luego especialmente vulnerables".Pero a juicio de la magistrada "el lenguaje directo utilizado en los mensajes, de gran repercusión en los medios de comunicación en el marco de la campaña electoral, no ha creado una situación de peligro y no tienen la aptitud para generar un riesgo que justifique el recurso a la violencia".Además considera que "en este caso Vox ejercita el derecho a la libertad de expresión al exponer y difundir el programa del partido sobre la política de inmigración, entre otros temas, conforme a lo establecido en la Constitución".La jueza aclara que no le corresponde analizar si los gastos que figuran en el cartel son reales y señala que es una cuestión que "carece de trascendencia a los efectos de determinar la posible comisión de las infracciones penales denunciadas".La Fiscalía comunicó los hechos al Juzgado tras recibir a su vez denuncias de los mismos por parte de varias entidades y colectivos.En concreto por la Dirección General de la Infancia de la Consejería de Políticas Sociales, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Red Acoge, Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, la Asociación Rumiñahui, Movimiento contra la Intolerancia, la Fundación Raíces y la Fundación IBN Battuta.
Protege Madrid, vota seguro".La Fiscalía cree que en él "se traslada no solo el supuesto importe económico que cuesta el mantenimiento de un mena (menor extranjero no acompañado) enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal, sino también una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial".Esto es porque, sostiene la Fiscalía, es ese "el concepto incorporado con carácter general respecto a un individuo encapuchado, embozado y racializado".Destaca así que el cartel muestra a un joven "racializado de piel oscura, con la cabeza tapada con la capucha de la prenda que viste y con la cara igualmente tapada por un amplio pañuelo".La solicitud de retirada del cartel no solo afecta al que se exhibe en la estación de Sol del Metro de Madrid, sino también, según la denuncia, "a todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocado por el anunciante denunciado".El ministerio público, afirma el comunicado, tuvo conocimiento el pasado 20 de abril de la colocación del cartel y solicita esta medida cautelar porque, argumenta, "estos menores no nacionales son menores que carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional".Ello, abunda, los convierte en un colectivo "doblemente vulnerable"", tanto por su edad como por el desarraigo que padecen a causa en su origen extranjero.Lo que exige "una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos".En la denuncia, la Fiscalía recuerda que el delito de odio integra varios tipos en los que el bien jurídico protegido "es la dignidad de la persona, individualmente y como parte de determinados colectivos".Estos tipos delictivos tienen en común, añade, "la concurrencia en el actor (en este caso Vox) de una concepción prejuiciosa" y una "actuación de intolerancia".Para el ministerio fiscal, con la retirada del cartel la dignidad y la seguridad de un colectivo tan vulnerable como son los menores no nacionales quedaría protegida "sin vulnerar el derecho del partido político Vox de realizar propaganda electoral".Esto es porque, dice, "el espacio publicitario contratado y ocupado por el cartel cuya retirada se solicita puede volver a ser ocupado con propaganda tendente a la petición de votos en campaña".
El Ejecutivo considera que hay líneas "que no se pueden cruzar".
Los animales dejarán de ser considerados cosas y cuestiones como quién se queda con su custodia en caso de crisis de pareja estarán reguladas, una vez que el Congreso de los Diputados ha abordado este martes el inicio de la tramitación de una Proposición de Ley a la que todos las formaciones, salvo Vox, han anunciado su apoyo.La Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, ha sido impulsada por los grupos Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y busca eliminar la cosificación de los animales.Con las modificaciones propuestas, los animales dejarán de ser considerados "cosas" dentro de la actual regulación de los bienes del Código Civil para pasar a ser seres vivos con sensibilidad.Además, se regulará jurídicamente la custodia de animales de compañía en casos de divorcio, se declara a estos como "inembargables" e se "impide que se extienda la hipoteca a los animales colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación ganadera, industrial o de recreo", además de a los de compañía.La diputada del Grupo Socialista Sandra Guaita, que ha defendido la Proposición en el Pleno de la Cámara Baja, ha afirmado que "no es admisible" el trato que se da a los animales y ha reivindicado un "trato responsable" para ellos.Ángel López Maraver, de Vox ha criticado, en el turno en contra, la iniciativa y a sus impulsores.En su respuesta, la diputada socialista ha calificado al partido de López Maraver de "negacionista del dolor y sufrimiento animal" y le ha acusado de no aceptar que los animales no son objetos, "sino seres vivos que sienten y sufren".El resto de representantes de grupos parlamentarios ha anunciado su voto favorable a la propuesta.Juantxo López de Uralde, representante del otro grupo que ha impulsado la iniciativa, ha indicado que en España se abandonan cada año 150.000 animales y ha recordado el reciente descubrimiento de maltrato animal en los laboratorios de Vivotecnia.María Jesús Moro, del Partido Popular, se ha referido a la "copia inteligente" que, asegura, han hecho los impulsores de la proposición y ha señalado que su formación política ya inició el proceso en 2017, que no se completó por el anticipo electoral de 2019, precisamente cuando el consenso sobre la medida era absoluto en los grupos de la Cámara Baja.Por ello, ha pedido que quede constancia de que "es una iniciativa de muchos".
Junto a la imagen del cartel de Vox le añade otra del famoso cartel de propaganda antisemita de la Alemania nazi de 1940 en el que aparece un dedo apuntando a un banquero masculino estereotipado, gordo y con un bombín, y judío porque lleva puesta una estrella de David.
Los disturbios provocados, en los que se registró por parte de algunos manifestantes contrarios al acto de Vox lanzamiento de botellas y adoquines, se han saldado hasta el momento con cuatro detenidos, tres de ellos menores.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha hecho efectiva este sábado una remodelación de su Gobierno para dar entrada en la Consejería de Educación y Cultura a la diputada autonómica tránsfuga de Vox, Mabel Campuzano, y al alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, del PP, en la de Presidencia, Turismo y Deportes.Según publica este mediodía un suplemento del Boletín Oficial de la Región de Murcia, son cesadas las consejeras Esperanza Moreno (Educación y Cultura), que pasa a ser jefa del Gabinete de la Presidencia, y Cristina Sánchez (Turismo, Juventud y Deportes).También Javier Celdrán, que llevaba Presidencia y Hacienda y ahora se ocupará de la nueva Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, nombramiento que, igual que el resto, son efectivos desde su publicación.En la alcaldía de Yecla relevará a Ortuño la primera teniente de alcalde, Remedios Lajara, que seguirá contando con mayoría absoluta al entrar en lugar de Ortuño el número 13 de las listas electorales locales del PP, Pedro Lorenzo Pérez, quien tomará posesión de su acta de concejal en un pleno convocado para el próximo lunes.Protesta por el nombramiento Unas 300 personas han protagonizado este sábado ante la sede del Gobierno murciano una concentración por la educación pública por el nombramiento de la exdiputada de Vox como consejera de Educación. Convocados por la Plataforma por la Escuela Pública de la Región de Murcia, ha destacado el apoyo con su presencia de Pedro Alberto Cruz, consejero de esa cartera en el Gobierno que presidió con mayoría absoluta del PP Ramón Luis Valcárcel, los escritores Jerónimo Tristante y José Daniel Espejo, los dramaturgos Joaquín Lisón y Juan Montero Lax y el productor teatral Nacho Vilar.
Desestima la cautelar pedida por Vox en la Asamblea de Madrid contra el decreto de la presidenta regional, que estableció el cierre en los términos aprobados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 10 de marzo.
El PP sería el partido más votado de la Comunidad de Madrid si hubiera elecciones autonómicas el próximo 4 de mayo con el 39,6% de los votos y entre 57 y 59 diputados, pero no lograría la mayoría absoluta y para gobernar necesitaría a Vox, que obtendría el 10,5% del voto y entre 14 y 16 diputados.Son las estimaciones del barómetro de GAD3 publicado este sábado por ABC y realizado entre el 10 y el 12 de marzo a 1.003 personas, tras conocerse que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acordó disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas en la comunidad el próximo 4 de mayo.Si las elecciones se celebrasen ahora mismo, el PP casi duplicaría los resultados de las autonómicas de 2019, cuando quedó por detrás del PSOE: pasaría del 22,2% del voto y 30 escaños al 39,6% y 57-59 diputados.El más perjudicado con el adelanto electoral sería Ciudadanos -socio del gobierno autonómico hasta ahora-, que se quedaría sin representación en la Asamblea de Madrid, en la que se necesita al menos un 5% para lograr escaños.
En el documento se concreta que los grupos firmantes participarán en los debates parlamentarios abiertos a iniciativa de Vox y tendrán libertad para fijar su posición, aunque se pide "evitar en la medida que sea posible" las alusiones personales a los diputados del grupo de extrema derecha para que no tengan turnos extra de intervención.
La vicepresidenta primera ha defendido que el Gobierno "es parte del sistema, funciona en el sistema y no podría ser de otra manera en la calidad de un estado de derecho como el que tenemos" y, preguntada sobre si la extrema izquierda debe seguir en el Gobierno ha apostillado que "los gobiernos se forman como quieren la urnas".
Todos los grupos han adelantado que votarán en contra de la propuesta cuando se vote su toma en consideración, y la mayoría de portavoces ha aprovechado su turno de fijación de posición para recordar por sus nombres a las víctimas mortales de la violencia de género desde 2003.
Las alertas de diferentes candidaturas ante el avance de Vox en las encuestas y los incidentes registrados en las últimas 48 horas en actos electorales de este partido han situado a la formación de extrema derecha que lidera Santiago Abascal en el foco de la campaña de las elecciones catalanas.Todas las encuestas publicadas hasta ahora vaticinan la entrada de Vox en el Parlamento de Cataluña: según un sondeo publicado por El Mundo, la candidatura que encabeza Ignacio Garriga lograría entre cinco y siete escaños, un resultado similar al que le augura el diario Ara, entre sies y siete diputados.Eso significa que Vox, con un discurso beligerantemente agrio contra la inmigración, el independentismo y una supuesta "islamización" de Cataluña, podría conseguir grupo propio en el Parlament e incluso igualar o superar en escaños al PPC.Frente a la inminente irrupción de la ultraderecha en el Parlament, los candidatos en liza han incorporado a sus discursos menciones a esta posibilidad cada vez más verosímil.Este domingo, en un mitin en Vic (Barcelona), donde un día antes decenas de manifestantes apedrearon los vehículos de Garriga y del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, la candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, se ha ofrecido como el "voto para frenar a la ultraderecha"."Contra Vox, votos masivos por la democracia", ha clamado Borràs, que ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por destacar el sentido de Estado de la formación de Abascal a raíz de la aprobación del decreto de fondos europeos en el Congreso.También el candidato de ERC, Pere Aragonès, que ha recibido el apoyo de Arnaldo Otegi, ha pedido "un voto masivo" a Esquerra para impedir que el presidenciable del PSC, Salvador Illa, "pueda sumar con Vox y con los otros partidos del 155".Después de los incidentes en Vic, este domingo han vuelto a producirse escenas parecidas en la visita de Abascal a Salt (Girona) y de Ortega Smith a Valls (Tarragona), que han terminado con el lanzamiento de objetos por parte de decenas de manifestantes contrarios a su presencia, que han chocado con los agentes de los Mossos d'Esquadra que formaban parte del dispositivo de seguridad.Abascal ha acusado a la conselleria de Interior de la Generalitat de ser "cómplice" de los manifestantes, por su "pasividad total".Dos agentes de los Mossos d'Esquadra han resultado heridos leves en Valls durante su intervención para contener las protestas, según han explicado a Efe fuentes policiales.
Los grupos gallegos consideran “histórica” la medida tras años de “expolio” con los peajes “más caros” de España