Borja Coucheiro Sanjurjo, Héctor Vázquez Liste y Jesús Piñeiro Mera quedarán hoy en libertad después de que el tribunal popular encargado de juzgar el crimen del embalse del Umia los declarara no culpables del asesinato del morañés Enrique Monteagudo Caldas (“Lucho”), acaecido el 22 de julio de 2010 en A Pontenova. Por seis votos frente a tres, el jurado considera que no se ha probado la participación de los tres estradenses en el crimen, que no entre signos de alegría y alivio escucharon con la magistrada de la Audiencia los declaraba absueltos y decretaba su puesta en libertad. Aunque ayer todavía fueron trasladados a prisión en furgón policial y esposados.
Tras cuatro jornadas de juicio, el tribunal popular apenas tardó unas horas en emitir su veredicto. Las deliberaciones comenzaron sobre la una de la tarde y a las 21:30 se dio lectura a su decisión. Por unanimidad, el jurado considera probado que Adrián Ferro Couto, el cuarto acusado, citó telefónicamente a la víctima en A Pontenova el 22 de julio de 2010 sobre las 15:30. Ese día y a esa hora Adrián acudió a las inmediaciones del embalse “en compañía de otras personas” sin identificar. “De común acuerdo y con el propósito de acabar con su vida, ocasionaron la muerte de Enrique” cortándole primero el cuello con un arma afilada y golpeándole después en la cabeza con un objeto contundente hasta romperle el cráneo. El ataque fue, según leyó el portavoz del jurado, “por sorpresa e inesperado”, de forma que la víctima “no tuvo oportunidad de defenderse”, por lo que Adrián Ferro será condenado por asesinato. Eso sí, el tribunal, también por unanimidad, ha estimado la atenuante de confesión ya que, “al contar lo sucedido”, Ferro Couto “contribuyó parcialmente al esclarecimiento de los hechos”.Cabe recordar que el propio acusado reconoció en el juicio que estaba presente en el momento del asesinato, aunque afirmó que él no había participado. Su teléfono también lo delata, ya que en el momento del crimen recibió una llamada que lo sitúa en A Pontenova. Así, la condena de Adrián oscilará entre los 15 años que solicitó su abogado (la mínima para delitos de asesinato) y los 17 años y seis meses que pidieron Fiscalía y acusación particular, que tuvieron que reducir la pena interesada inicialmente y que era de 20 años de cárcel. La fiscal solicitó que la condena incluya una indemnización de 150.000 euros para los padres de la víctima.