El juzgado de lo contencioso número 1 de Pontevedra acogerá el próximo día 17 el juicio de Promociones Surgasa contra el Concello de Cambados en reclamación de 97.000 euros de un convenio urbanístico firmado en 2011 para abrir la Rúa Sabugueiro, donde había construido un edificio. El acuerdo suscrito entre sus administradores y el gobierno de Luis Aragunde contemplaba que cedían terrenos para abrirla y a cambio la administración local ejecutaba las obras y se preocupaba de que los dueños de fincas colindantes le abonase esa cantidad en concepto de compensación, porque también se beneficiaban, además de asumir su deuda en caso de que no pagasen en el plazo de cinco años, como finalmente sucedió. Se da la paradoja de que a pesar de la inversión pública y de asumir esta responsabilidad, hay terrenos de la calle que siguen en manos de la promotora y sobre ellos pesan hasta tres embargos por deudas, aunque los posteriores gobiernos locales la siguen considerando como municipal.

La mercantil nunca llegó a recibir el dinero de esos particulares, que no consta que participaran activamente en la firma del convenio, así que en 2016 reclamó al entonces cuatripartito quien no respondió operando el silencio administrativo y acudiendo la promotora al contencioso. La vista tendrá lugar el día 17 y están llamados, entre otros testigos, el exalcalde, Luis Aragunde, según el Tribunal Superior de Xustiza.  

Argumentos

Según explicó en su momento, el cuatripartito se negó al pago de los 97.000 euros porque el convenio urbanístico nunca llegó a elevarse como público y, por tanto, se quedaba en un acuerdo privado del que además no compartían los pormenores. Y es que a su entender, la urbanización debía corresponderle a la promotora del edificio, como sucede con otros proyectos, además de criticar que el gobierno del PP aceptase las condiciones contempladas en el acuerdo.

Por su parte, el exregidor, en declaraciones a este medio, defendió la operación como la mejor fórmula para contar con un vial necesario en ese punto, pues supone un desahogo para la Avenida de Vilariño y antes de la obra era un camino de tierra que en invierno se convertía en un lodazal, y aseguró contar con los informes técnicos favorables. Es más, explicó que llegaron a contemplar la opción de que el resto de propietarios no llegaran a pagar y se estableció que realizarían una especie de contraprestación mediante la cual cederían sus terrenos y, de hecho, reclamaba al Ejecutivo de la socialista Fátima Abal que gestionase esta vía o que les instaste a pagar.

Acreedores

La calle se urbanizó con cargo a un préstamo sin intereses de los fondos Fomit con un coste de 76.000 euros. El convenio recogía que se destinaría a uso público y, de hecho, así continúa, pero no es de propiedad municipal, por lo menos no totalmente. Cuando la burbuja urbanística estalló, Surgasa empezó a tener problemas y sus acreedores acudieron al juzgado que decretó el embargo de sus terrenos en la calle. En concreto, le constan reclamaciones de una particular, la Agencia Tributaria y el ORAL de la Diputación que, entre el principal y los intereses, suman una deuda de 180.00 euros.

A pesar de encontrarse en esta situación, el Ayuntamiento la incluyó en su actualización del callejero y del inventario de caminos municipales, pero no queda descartado que, llegado el momento, tenga que expropiar, como le recomendó la Diputación, a la que el gobierno de Abal pidió asesoramiento legal cuando la promotora le reclamó el dinero.