El Boletín Oficial de la Provincia daba publicidad ayer de la apertura del periodo de cobro voluntario de las tasas por servicios de la plaza y el mercado en Cambados. El anuncio procede del Concello al que los ambulantes habían pedido la exención del pago de un trimestre para “sobrevivir”, tras un “duro” invierno, agravado por la crisis económica general y el “intrusismo” que, aseguran, sufren de manera incontrolada.
El pasado mes de marzo, la Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos (AGAA) registraba una petición dirigida al Ayuntamiento cambadés donde le solicitaba una exención puntual de las tasas por la ocupación del espacio público en los días de mercadillo o, en su defecto, que le cobrara solo por los días de instalación. Una reclamación que están realizando a nivel autonómico y que basan en el hecho de que los temporales del último invierno les hicieron “perder 90 días de trabajo” pero tienen que pagar igualmente.

segundo trimestre
Con todo, el Ayuntamiento cambadés ya ha dado el aviso de que los impuestos locales por los servicios de plaza de abastos y mercado correspondientes al segundo trimestre deberán pagarse en el periodo comprendido entre el 20 de mayo y el 21 de julio, siendo este el periodo voluntario de pago. Cabe recordar que, según la ordenanza municipal,  la instalación de puestos fijos en los terrenos del mercado un día a la semana cuesta 11,37 euros por metro cuadrado y trimestre, mientras que por dos días, el precio asciende a 18,78 euros. En el caso de colocaciones puntuales, cada metro cuadrado por fracción o día cuesta 1,3 euros.
No es la primera vez que el Ayuntamiento recibe peticiones de sectores económicos para afrontar la actual coyuntura económica. La última conocida procedió del comercio local que solicitó ayuda a este y a todos los gobiernos locales de la comarca de O Salnés, a través de su consorcio. Precisamente se cumple ahora un año desde que representantes del sector y de los ayuntamientos se reunieran para concretar las medidas a tomar pues los pequeños empresarios se quejaban de la “asfixia” impositiva de los ayuntamientos y la falta de colaboración de los bancos a la hora de facilitarles la liquidez suficiente para poder proseguir. El resultado fue un compromiso de estudiar las peticiones, pero nada más se supo.