La recalificación de terrenos aprobada en 2011 por el Concello de Caldas para favorecer la reconstrucción del aeródromo de Godos —después de que la Xunta ordenase su demolición por haberse ejecutado, inicialmente, de forma ilegal— se verá ampliada una vez entre en vigor el Plan Xeral de Ordenación Municipal. Así lo revela Anova en sus alegaciones al PXOM, centradas en gran parte en el polémico campo de vuelo para ultraligeros. La formación nacionalista califica de “capricho inviable” la recalificación de este suelo rústico, eliminando su condición de protección agrícola, y acusa al Concello caldense de “subordinar a actividade económica agrícola” de los vecinos de los lugares de Regengo y A Riva “ao interese lúdico dun particular”, el constructor José Manuel Campañó Luna, promotor del aeródromo. Especialmente, teniendo en cuenta que parte de los terrenos sobre los que se emplaza el campo de vuelo para ultraligeros son anegables. De hecho, Anova adjunta a sus alegaciones imágenes de la zona inundada.

Anova asegura que el campo de vuelo sigue siendo “ilegal” a día de hoy

En el área de afección del aeródromo se encuentran, enumera Anova, buena parte de las 57 viviendas del núcleo de Regengo y de las 32 de A Riva, el trazado de un gasoducto, una gasolinera y el viaducto del AVE. A esto añaden que el manejo y depósito de combustible y aceites en las instalaciones puede provocar, unido a la inundabilidad periódica del entorno, “a moi probable contaminación por hidrocarburos das terras agrícolas e acuíferos, e supoñer unha potencial fonte de contaminación para o río Umia”, cuyo cauce discurre a pocos metros de la pista de vuelo.
A juicio de Anova, la modificación puntual de las Normas Subsidiarias que permitió recalificar los terrenos del aeródromo se aprobó de forma “fraudulenta” en el Pleno por parte de PSOE, PP e ICdR (el BNG fue el único partido que votó en contra). “O Concello deu trámite de forma irregular a un documento de modificación puntual elaborado por encargo expreso dun promotor particular para dotarse do seu campo de voo”, aseveran los representantes de Anova, acusando a la Xunta y al Concello de “coordinarse perfectamente” para “vulnerar o dereito de participación” de la ciudadanía en el período de exposición pública. Así, la Consellería de Medio Ambiente dictaminó que no era necesario someter el cambio de las Normas Subsidiarias al trámite de evaluación ambiental sin esperar a recibir las alegaciones presentadas en plazo por el BNG, la asociación Xesús González Aboi y, al menos, otros 73 vecinos, cuyas reclamaciones no se tuvieron en cuenta. Esto sería, afirma Anova, “un vicio de nulidade de pleno dereito”.
Apenas dos días después de la resolución de Medio Ambiente, el Pleno aprobó inicialmente por vía de urgencia (con el único voto en contra el BNG) la modificación puntual de las Normas Subisidiarias. Anova repara en que “grande parte dos concelleiros que votaron a favor participaron uns meses máis tarde (en febrero de 2012) nun concurido acto social de celebración do aínda hoxe ilegal aeródromo”.