A las 11:30 de esta mañana los miembros del tribunal popular encargado de juzgar a los cuatro acusados por el crimen del embalse del Umia recibirán el objeto del veredicto (una serie de preguntas que deberán responder y fundamentar en base a las pruebas) y se retirarán entonces a deliberar. Esto después de que ayer concluyese en la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio que sentó en el banquillo al cuntiense Adrián Ferro Couto y a los estradenses Borja Coucheiro Sanjurjo, Héctor Vázquez Liste (“Ziritione”) y Jesús Piñeiro Mera (“Chicho”). La Fiscalía y la acusación particular mantuvieron en sus conclusiones la petición de 20 años de cárcel para cada uno de los acusados por el asesinato del morañés Enrique Monteagudo Caldas (“Lucho”). Las defensas pidieron la absolución, aunque en algunos casos con matices. El abogado de “Chicho” considera que, en caso de condena, debe eximirse a su cliente de responsabilidad penal debido a la esquizofrenia paranoide que padece “desde hace más de 30 años”. En el caso de Adrián Ferro, su representante interesó que, como mucho, se le considere cómplice de homicidio, al haber reconocido él mismo que estuvo presente en el momento del crimen argumentando, sin embargo, que no participó en la agresión.
La fiscal sostuvo que “hay pruebas suficientes” de que el 22 de julio de 2010 (el día del asesinato) “los cuatro estaban” en A Pontenova entre las 15:30 y las 16 horas. Adrián lo reconoce y, además, “su teléfono lo delata. Fue el que peor suerte tuvo” porque una llamada a su móvil lo sitúa justo en ese punto, incidió. Los teléfonos fundamentan buena parte de los argumentos de las acusaciones pública y particular. A mediodía de la víspera del crimen los móviles de los cuatro acusados activaron el repetidor de Afieiras (en Moraña) y, en este sentido, la representante del Ministerio Fiscal recordó que Adrián dijo en una de sus declaraciones que “el día anterior habían estado los cuatro viendo el lugar en el que quedarían con la víctima”, a la que citó por SMS el propio Adrián para, supuestamente, saldar una deuda por drogas. El mismo repetidor se activaría el día del asesinato con los teléfonos de Ferro, Borja y “Ziritione” en la misma franja horaria. Sobre Jesús apuntó que en su caravana se halló una barra de hierro que “probablemente fuera la usada en el asesinato”. Enrique Monteagudo recibió dos cortes en el cuello y varios golpes en la cabeza con un objeto contundente que lo dejaron insconciente y le provocaron el “estallido del cráneo”, explicaron los forenses durante el juicio, añadiendo que el ataque fue “sorpresivo y sin posibilidad de defenderse”. De ahí que Fiscalía y acusación tengan claro que existió alevosía y, por tanto, califiquen los hechos como asesinato.
“Piensen en la víctima”, instó la fiscal a los miembros del tribunal popular, enfatizando que su muerte fue “atroz”, con “saña” y “brutalidad”. Quitó relevancia a la inexistencia de restos de ADN o huellas de los acusados en el lugar del crimen (la principal baza esgrimida por las defensas de Borja, Héctor y “Chicho”): “que no haya ADN no lleva a concluir que no estuvieran”. Resaltó que en el teléfono del fallecido ni siquiera aparecieron sus huellas, por lo que concluye que los acusados “tomaron sus precauciones” y “limpiaron” el escenario. Sobre esta cuestión, el abogado de la acusación afirmó que “las pruebas están contaminadas por la pulcritud” de los imputados. Rechazó la teoría de Adrián de “presentarse como un testigo” tratando de “exculparse”, mientras que de Borja dijo que “no se le perdía nada en Moraña, más que matar a Enrique” y recordó que cuatro días después dejó el piso que tenía alquilado en Cuntis: “Estaba escapando, alejándose del lugar del asesinato”. En cuanto a Héctor y Jesús, “sus teléfonos activaron el repetidor de Afieiras en coindicendia temporal con los otros acusados, y ahí se cierra el círculo”. A su juicio, “la suma de pruebas e indicios permite concluir sin dudas razonables que estos son los asesinos de Enrique”, por lo que pidió al jurado popular que “hagan justicia, por favor”.

defensas
El representante legal de Adrián exclupó a este del crimen, que únicamente habría presenciado y por eso pidió la absolución o que se le condene solo como cómplice de homicidio. Además, pidió una rebaja en la pena por “colaborar con la investigación. Podía haber optado por otra vía más fructífera para sus intereses, pero sería la más cobarde. Prefirió mostrar la verdad”. Y esta, según él, es que “Borja le obligó a quedar con Lucho” y que, llegados a A Pontenova, “un toxicómano dispuesto a cualquier cosa por una papelina, un enfermo mental incontrolable (refiriéndose a “Chicho”) lo mató sin que Adrián pudiera preverlo”. La fiscal cree que “la confesión” de Ferro no debe tenerse en cuenta ya que “debió colaborar antes de que las pruebas fueran contra él”. Pero, en caso de que el jurado opte por reducirle la pena, solicitó “que sea lo menos posible”.
La defensa de Borja Coucheiro arremetió contra todos. Contra la fiscal por “adoptar una postura paternalista con Adrián” al contemplar la posibilidad de que se le rebaje la condena. Contra la Guardia Civil, afirmando que el jefe de la investigación “demostró su ignorancia”. Contra el juzgado de instrucción de Caldas, que “torpedeó la investigación”. Y contra Adrián, al que comparó con Miguel Carcaño por las diferentes versiones que dio de los hechos. “Quizás en uno de sus arranques diga la verdad y cuente quién estaba con él” cuando se cometió el asesinato.
De su cliente dijo que “ha soportado una tortura” y que “su desgracia fue reclamar un dinero” a Ferro (dice que le “timó” 600 euros en una compra de cocaína). La “única prueba” en su contra, sostuvo, “es la declaración de un mentiroso compulsivo” e insistió en implicar en el crimen a Esteban Senín y Rubén Miranda (amigos y vecinos de Adrián), una estrategia que mantuvo desde que comenzó el juicio. Ayer el abogado de Borja llegó a afirmar que fueron Esteban y Rubén los que enviaron los SMS a “Lucho” para reunirse con él en A Pontenova y, “sin embargo, no están en el banquillo. Es para perder la fe en el sistema judicial”. La jueza volvió a reprenderlo por ello: “He tenido una paciencia infinita. Cíñase a los cuatro acusados y a nadie más” porque “ni siquiera llegó a formalizarse imputación” contra Esteban o Rubén, que inicialmente fueron detenidos por la Guardia Civil como supuestos encubridores de Adrián. El representante legal de Borja incluso insinuó que el asesinato de Enrique Monteagudo pudiera estar relacionado con la muerte, un año antes, de otro joven morañés que se quitó la vida en la misma zona del embalse del Umia. Trató de introducir tintes  violentos en este suceso al afirmar  que este cadáver “apareció metido en un saco”, cuando en realidad se halló únicamente con unos pantalones vaqueros.
En la misma línea, José Luis Gutiérrez Aranguren, defensor de Héctor Vázquez, recalcó que la acusación contra su cliente es “manifiestamente infundada. No se puede condenar a nadie por meras conjeturas o mentiras clamorosas”, refiriéndose a la declaración de Adrián. “Habló a cambio de algo”, dijo apuntándose también a la teoría de que Esteban y Rubén pudieran tener implicación en los hechos juzgados. Para él, el asesinato fue “una chapuza de alguien capitaneado por Adrián, que es una persona violenta. Lo dice todo el mundo”, comentó refiriéndose a una agresión cometida por Ferro sobre dos guardias civiles y dos policías de A Estrada.
Concluyó las intervenciones el letrado de Jesús Piñeiro, para el que “lo único cierto es la muerte de Lucho y la participación de Adrián. Todo lo demás no ha quedado probado”. Por ejemplo, que alguna de las herramientas halladas en la caravana de “Chicho” fueran el arma del crimen ya que “las pruebas de ADN fueron negativas”. Además, “cuando uno comete un crimen no es lógico que guarde en casa el arma homicida”. En cuanto al teléfono que sitúa a Jesús en Moraña la víspera del asesinato lo considera irrelevante ya que sostiene que su cliente solía utilizar esa ruta para desplazarse a Pontevedra a comprar droga.