La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), popularmente conocida como “banco malo”, se quedó durante la crisis con los inmuebles de entidades financieras para comercializarlos a buen precio o con importantes descuentos. Sin embargo, varios barbanzanos se han quejado de que dicha entidad pública, creada con el dinero de todos, se está negando a poner a la venta pisos vacíos que gestiona, “alegando que no es propietaria de los pisos, sino que lo que le han traspasado es el préstamo del promotor”. Ello está ocasionando graves perjuicios a los dueños de las otras vivienda del mismo edificio en el que están esos pisos. Afectados de Boiro indican que desde sus comunidades se le ha requerido en infinidad de ocasiones que apruebe un plan de precios, pero no lo hace, “pues supondría colocar en el mercado más de 35 viviendas que competirían con las que los propios bancos todavía rienen en cartera”, señalan. Los perjudicados por esta situación precisaron que incluso le llegaron a proponer a la Sareb que ellos estaban dispuestos a comprar esos pisos desocupados, pero no lograron nada al respecto.

Las consecuencias se ven en varios inmuebles, como es el caso del Edificio Agra, en Pesqueira (Cabo de Cruz), en donde el número de pisos a nombre de la promotora es de 19. Desde dicha comunidad de propietarios indican que la deuda de dichos pisos en cuotas comunitarias desatendidas asciende a 92.000 euros, y el problema fundamental es que en alguno de los cinco portales de esta urbanización los pisos que pagan las cotas no pueden asumir el coste del mantenimiento del ascensor, por lo que está parado. Además, las zonas recreativas tienen un alto coste de conservación, pero los propietarios se ven obligados a soportarlo, pues de lo contrario se echa a perder. En el edificio Rosimil, en Vistalegre (Escarabote), el número de pisos a nombre de la promotora es de 17 y las cuotas comunitarias desatendidas es de 60.000 euros. Este edificio de tres portales carece de transformador que tendría que haber instalado la promotora y los vecinos se ven obligados a costearla, algo que supera los 90.000 euros, al no estar permitido habitar viviendas con luz de obra. “A no poner su parte los pisos de la promotora, la derrama es inasumible”, señalan. l