La APLU inició en la mañana de ayer la demolición de una segunda residencia construida en las proximidades de la playa de As Pipas, en San Vicente do Mar, por haber sido edificada sin licencia en suelo rústico de protección de Costas, tal y como explican desde la administración autonómica.
Cuando las máquinas llegaron a esta tranquila zona del municipio meco el abogado de los propietarios de la vivienda se encontraba en Santiago de Compostela, precisamente negociando con los responsables de la APLU una moratoria para la demolición.
Beatriz Janeiro, portavoz de la plataforma de afectados por los derribos, explicó que los propietarios de la casa tenían un juicio pendiente para el mes de junio sobre esta cuestión, por lo que no se explica cómo la APLU inició los trabajos para demoler la vivienda antes de que se celebrase esta vista oral.
Cuando los afectados llegaron a la zona los obreros ya habían demolido una de las paredes de la casa, una edificación prefabricada de madera. Concretamente, se vieron afectados por los primeros trabajos de derribo el dormitorio de matrimonio y las habitaciones de los hijos de los propietarios.
A continuación, procedieron, a petición de los afectados, a retirar parte de las pertenencias que se encontraban en la casa hacia el exterior. Además, los dueños mostraron su intención de recuperar los electrodomésticos y finalmente, después de muchos trámites, lograron paralizar el derribo de manera momentánea.
Las obras quedaron precintadas y, en principio, tal y como explicó Beatriz Janeiro, podrían retomarse en cualquier momento, aunque los dueños no saben con certeza cuándo volverán las máquinas a continuar los trabajos de demolición.

permisos y aviso previo
Lo que peor ha sentado a los propietarios de esta vivienda ubicada en As Pipas han sido las formas empleadas por la administración autonómica, ya que aseguran que no les notificó previamente qué día iban a enviar las máquinas para ejecutar las tareas de derribo de su vivienda.
Los dueños reconocen que el pasado viernes se celebró un juicio rápido y que el juez dio carta blanca a la demolición pero lo que no se esperaban era que la APLU actuase, según aseguran, sin comunicárselo previamente.
Por otra parte, Beatriz Janeiro explicó en la jornada de ayer que la administración autonómica “no tiene licencia de demolición”, por lo que cuestionan la legalidad de los trabajos ejecutados en la mañana de ayer.
De este modo, los propietarios se sentían en la jornada de ayer muy molestos por la manera de actuar de la APLU.

multas coercitivas
Desde la APLU explicaron que los dueños de la vivienda de As Pipas han pagado hasta cinco multas coercitivas por no ejecutar el derribo de la casa, extremo que han reconocido abiertamente los afectados.
Así, hasta ahora han desembolsado una cantidad de 50.000 euros en abonar estas sanciones a lo que habrá que sumar el coste de los trabajos de demolición que la Xunta inició en la jornada de ayer de manera subsidiaria y que deberán pagar los propietarios de la vivienda.
Beatriz Janeiro explicó en la jornada de ayer que la factura podría estar en torno a los 40.000 euros, que sumado a lo que ya han pagado los dueños por las multas se acerca a los 100.000 euros, el valor aproximado de la casa.

pxom
Los propietarios de la vivienda de As Pipas tenían la esperanza de que su casa fuese legalizable con la aprobación de el PXOM de O Grove, que se encuentra actualmente en tramitación.
De hecho, a principios de esta semana mantuvieron una reunión con el alcalde, Miguel Ángel Pérez, para interesarse por este tema y para analizar las posibilidades que existen de legalizar la edificación. En ese encuentro el regidor municipal les explicó cuál es la situación actual y que todavía queda aproximadamente un año y medio para contar con un planeamiento urbanístico aprobado de manera definitiva en O Grove.
Los dueños aseguran que su vivienda data del año 2002 y que la situación en la que se encuentran actualmente deriva, fundamentalmente, de una mala actuación por parte de un abogado, que se olvidó de presentar un recurso en el procedimiento judicial abierto en relación con la ilegalidad de la vivienda.
Así las cosas, están convencidos de que con la aprobación del PXOM la situación de su casa podría quedar solventada y se preguntan qué pasará si dentro de un año y medio en la zona se puede construir.
Lo que tienen claro es que la actuación de la Xunta de Galicia no les ha gustado y que en un futuro la vivienda puede ser legalizable, algo que desde la APLU no comparten, ya que recuerdan que hace algo más de una década que el inmueble fue declarado ilegalizable, por lo que entienden que es su responsabilidad hacer que se cumpla la ley en estos casos en los que los propietarios no ejecutan las órdenes de derribo existentes.
Lo que falta saber ahora es cuándo la adminsitración autonómica retomará las obras de demolición.