El BNG ha cumplido sus advertencias y tras recurrir sin éxito al Concello y a la Xunta, con el objetivo de que paralizaran la plantación de albariño en el Pinal da Maza, ayer registró en los juzgados cambadeses una denuncia, solicitando la apertura de una investigación sobre lo que considera “un cúmulo de irregularidades”. De hecho, sostiene que presuntamente se cometieron delitos contra los recursos naturales y el medio, contra la ordenación del territorio, omisión de perseguir un delito, prevaricación y tráfico de influencias. Con todo, y a pesar de que ligan las empresas ejecutoras del proyecto al edil de deportes de Cambados, Ramiro Gómez, y al exdelegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, no les acusan directamente y únicamente piden a la justicia que, una vez investigados los hechos, llame a declarar en “calidad de imputados” a las personas en las que vea indicios de ser autores de antedichos delitos.

Su portavoz, Víctor Caamaño, explicó que solicitan una serie de pruebas para demostrar lo que vienen denunciando desde principios de año. En su escrito reiteran que se produjeron movimientos de tierras, a través de la empresa “Viveros Caldas”, sin la preceptiva licencia municipal; que las firmas Dismaterra y Cancelo CB solo pidieron licencia para “facer emparrados”; que la finca está próxima a la capilla de San Antón, un bien protegido; y que está catalogada como suelo rústico de protección forestal y que no hubo modificación de las normas subsidiarias para emplearla para usos agrarios, siempre según el BNG. Así, piden al juez instructor que llame a las firmas implicadas; al Ayuntamiento, para que entregue la documentación de los expedientes abiertos; al Seprona que investigue la presunta tala de árboles protegidos; la Policía Local y a la Diputación, para que responda por el cierre de piedra.

“A nosa labor remata aquí, tras todo o traballo administrativo e político feito e sen obter o resultado esperado porque o Concello encubre os feitos e a Xunta, ou se abstén ou ampara este cúmulo de irregularidades, e desvía a responsabilidade ao Concello”, declaró Caamaño.