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jueves | 25 abril | 2024
Tal y como había anunciado el comité de empresa en los últimos días, la huelga indefinida en el complejo industrial de Alcoa San Cibrao se reinició ayer, al igual que las movilizaciones por parte de la plantilla para reclamar una solución que garantice la producción de aluminio primario y los puestos de trabajo.
A la hora prevista, trabajadores de la fábrica, convocados por el comité de empresa, colocaron sobre el cartel de entrada, en el que pone “Alcoa Europe.
Aluminio Primario-Alúmina”, otro que imitaba el logotipo de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Posteriormente, en la base de ese cartel, los trabajadores acumularon ruedas y les prendieron fuego.
También colocaron una barricada formada con neumáticos en la entrada del complejo industrial.
La huelga afectará a la salida de la producción de aluminio, pero no a la actividad de las cubas de electrolisis, auténtico “corazón” de la factoría, que seguirán funcionando.
La multinacional Alcoa emitió un comunicado en el que lamenta que “a pesar de sus mejores esfuerzos” para presentar una propuesta que realmente sirva para resolver la situación de la planta de aluminio primario de San Cibrao, en este proceso no se esté “abordando el tema clave” para garantizar la viabilidad de la producción en el complejo mariñano, “que es el precio de la energía, porque no resulta competitivo”.
Tercero
Asimismo, ante el reinicio de la huelga indefinida en el complejo industrial mariñano, Alcoa aseguró que mantiene su disposición “para buscar soluciones en un entorno de paz social”.
“Nos comprometemos a seguir adelante con la transferencia de la planta a un tercero, pero primero debe resolverse el marco energético. Lo que contribuiría a la solución no es una huelga, que tiene un impacto negativo para el futuro de las plantas de alúmina y de aluminio, sino una verdadera solución del Gobierno al problema de la energía eléctrica”, manifestó la multinacional en la nota.
La empresa aclaró que le planteó al Ejecutivo, una vez descartada la posible venta a la SEPI, “la continuidad de las operaciones de la planta hasta el 31 de julio de 2022, para dar tiempo a encontrar una solución sobre la energía”.
“Una vez resuelto este problema”, añadió, “Alcoa emprendería un nuevo proceso de traspaso de la planta, previa confirmación expresa de la solvencia de un comprador a través de instrumentos del Estado, conforme había ofrecido la ministra de Industria, Comercio y Turismo”..
Alcoa insistió en que “la planta de aluminio no es viable debido al marco energético poco competitivo en España”, porque en la actualidad “paga un precio medio anual en torno a 95 euros por MWh, más del triple de lo que paga la compañía en cualquier otra planta de aluminio del mundo”.
“Incluso con los precios del aluminio en máximos de 10 años, la planta de aluminio de San Cibrao sigue siendo inviable debido al precio de la electricidad”, manifestó Tim Reyes, vicepresidente Ejecutivo y director comercial global de Alcoa.
Transferencia
Como segunda opción, precisó que “si el Gobierno no puede garantizar un marco energético competitivo, Alcoa está dispuesta a progresar inmediatamente con la transferencia de la planta a SEPI”.
Por su parte, el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, dijo que si la SEPI no compra la fábrica de aluminio primario para a continuación formalizar el traspaso a un inversor industrial, es “porque al Gobierno le da la gana”, dado que “tanto el Congreso de los Diputados como el Parlamento de Galicia votaron a favor”.
Desde su punto de vista, “los políticos, cuando votan una cosa, tienen que responsabilizarse de lo que votan y, posteriormente, llevarlo a cabo”.
En cuanto a la demanda de Alcoa, que se queja del precio de la energía, Zan tiene “claro” que “se van a echar la culpa unos a otros”, porque “el precio competitivo sí que lo hay”.
En ese sentido, explicó que “hay PPA’s –acuerdos de compraventa de energía entre un generador y un comprador a largo plazo– que se pueden firmar bastante baratas” y, aunque “haya que esperar dos o tres años” hasta que esos acuerdos “funcionen a pleno rendimiento”, el Gobierno puede “garantizar la exención de ciertos peajes”. En todo caso, precisó que, “para eso”, son necesarios “compromisos por escrito”.
