13º-17º
lunes | 13 mayo | 2024
El FROB, el fondo de rescate español, ha enviado a la Fiscalía cuatro operaciones presuntamente irregulares de Novacaixagalicia (NCG), que podrían haber ocasionado un perjuicio económico de 170 millones.
Se trata fundamentalmente de operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles o participaciones en sociedades, renegociaciones de préstamos con reducción de garantías y otras de cancelación de deudas, sea por compraventa de activos o dación en pago de cualquier otra figura jurídica análoga.
Y, en general, de operaciones que han dado lugar a “importantes pérdidas para las entidades” y que presenten “indicios de irregularidad o no respondan a una finalidad económica lógica”, según informó el FROB.
El fondo tomó esta decisión tras el análisis de los informes forensic correspondientes, en los que se concluye que los perjuicios económicos ocasionados ascienden a unos 170 millones.
Las nuevas operaciones irregulares de NCG se suman así a las siete de esta misma entidad denunciadas por el FROB a mediados de octubre pasado, que pudieron generar un quebranto de 600 millones, a las que se sumaron pocos días después otras dos, que provocaron un perjuicio de 210 millones
Pensiones
Por otra parte, un exmiembro de la Comisión de Control de Novacaixagalicia (NCG) declaró ayer que este órgano no tuvo “ningún informe jurídico” que avalara las indemnizaciones y prejubilaciones millonarias por 18,9 millones a cuatro de los exdirectivos.
En la octava jornada del juicio contra la cúpula de NCG, Joaquín Caballero explicó que pidió este informe a la Comisión de Control tras enterarse por la prensa de las cuantías que iban a percibir los exdirectivos José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada.
Como respuesta, recibió “casi tres meses después” el informe del abogado Ricado Pradas, también acusado y que, como los anteriores y el ex copresidente Julio Fernández Gayoso, se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por parte de la Fiscalía.
Posteriormente, no lo reclamó más porque “ya estaba actuando Anticorrupción, el Banco había paralizado las actividades”, y el caso iba a llegar a la Audiencia Nacional.
Así lo confirmó otro miembro de la Comisión de Control, Alejandro Virgos, quien aseguró que al ver la noticia, “pidieron información exahustiva” sobre el proceso y el único informe que llegó a ver “bastante más tarde” fue el de Pradas.
El exconsejero Jose Luis Veiga insistió en que “los contratos eran conocidos por el Banco de España” y que les dijeron que “no había modificación, se trataba de ratificar”.
Precisó que hubo “algo de ocultación al Consejo”, ya que se le “negó información”, y nunca “hablaron de ninguna cuantía, ni general ni individual”, aseveró Veiga.
