El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, abrió una investigación a la exmilitante del PSOE Leire Díez por delitos de cohecho y tráfico de influencias por sus supuestas maniobras para influir en procesos judiciales y la citó a declarar como imputada el 11 de noviembre.

Para ese mismo día, el juez citó como testigo al guardia civil investigado en el caso Koldo Rubén Villalba, con el que Leire Díez se reunió para que supuestamente le facilitara datos que pudieran comprometer a la UCO.

También al empresario Javier Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo, quien ostenta la defensa del ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, y con quienes mantuvo una reunión en el despacho de este último con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en una causa de fraude de hidrocarburos y huido de la Justicia, también para obtener información del responsable de la UCO Antonio Balas.

El juez señala estas citaciones en un auto en el que, a petición de la Fiscalía, acuerda abrir diligencias por la denuncia que interpuso la organización Hazte Oír contra la exmilitante del PSOE por cuatro presuntos delitos, si bien solo lo hace por dos de ellos.

En cuanto al delito de estafa procesal que también planteaba Hazte Oír, el juez señala que “no es ahora el momento de profundizar” y respecto del de descubrimiento y revelación de secretos, en relación con el ofrecimiento de fotos íntimas de un fiscal a un diario, indica que no es posible investigarlo sin que medie denuncia de la persona agraviada. 

En su auto, el juez se dirige a los medios de comunicación que publicaron informaciones sobre las citadas reuniones que mantuvo Leire Díez - ‘El Confidencial’, ‘El Mundo’, ‘The Objective’ y ‘El Español’- para que en un plazo de 20 días remitan al juzgado los artículos y las grabaciones audiovisuales que los acompañaban.

Reclama asimismo que las citadas empresas periodísticas identifiquen a los periodistas que publicaron esas informaciones para citarles también el 11 de noviembre como testigos, “bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar causa legal se podrá imponer multa de 200 a 5.000 euros”.

Hazte Oír sostiene que  Leire Díez recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas. 

Hazte Oír denunció que la actuación de Díez “consistiría en reunirse con imputados en diversos procedimientos judiciales y con otros sujetos para, a través de ellos, obtener acceso a archivos supuestamente inéditos y confidenciales que pudiesen perjudicar a jueces, fiscales y otros profesionales envueltos en procesos judiciales relacionados con personas vinculadas al PSOE”, como el abierto con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Mantiene que Díez “perseguía aportar cualquier tipo de información, por fraudulenta que resultase, para lograr su propósito” y para ello mantuvo conversaciones y reuniones” como con Hamlyn o Rubén Villalba.  Esta es una de las cuatro causas abiertas en otros tantos juzgados madrileños contra Leire Díez.