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jueves | 25 abril | 2024
El PSOE ha iniciado la defensa legal de diputados señalados en el caso ‘Mediador’ y mantiene que por el momento el único implicado es el exparlamentario socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, mientras que el PP exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones en el Congreso.
El tsunami político originado por la trama corrupta continúa con acusaciones cruzadas sobre corrupción entre el PP y el PSOE, al tiempo que se siguen conociendo más detalles del sumario que investiga una supuesta red de extorsión a empresas del ámbito ganadero, alimentario y otras actividades con epicentro en Canarias.
Por el momento, hay trece detenidos, entre ellos el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que fue puesto en libertad con cargos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico influencias y pertenencia a grupo criminal organizado, y su sobrino Taishet Fuentes (PSOE), que lo sustituyó como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias.
Pero en los medios de comunicación están apareciendo nombres de diputados socialistas que podrían haber asistido a cenas celebradas en Madrid junto a Fuentes Curbelo y empresarios, parlamentarios que en algunos casos ya anunciaron que emprenderán acciones legales, como la secretaria de Igualdad del PSOE y diputada por León, Andrea Fernández.
Otros diputados que han anunciado acciones legales por injurias y calumnias, son Javier Alfonso Cendón (León), Indalecio Gutiérrez (Almería), Ana Prieto (Lugo), Beatriz Carrillo (Sevilla), Uxía Tizón (Orense) y Manuel Arribas (Ávila), aunque fuentes socialistas señalan que son más.
El grupo parlamentario socialista en el Congreso informó hoy de que comenzó a asistir legalmente a algunos de estos diputados señalados y asegura que se les vincula “con hechos que en absoluto se han producido”.
Lo que está en entredicho no es solo la posible implicación de más políticos en la trama corrupta, sino también la participación en fiestas donde había drogas y se contrataron servicios de prostitutas, recoge el sumario del caso.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, subrayó que el PSOE ya “ha hecho y ha dicho lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir” sobre el caso Mediador porque “cuando encuentra una manzana podrida la expulsa inmediatamente del cesto”, algo que asegura que no hace el PP.
Para la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, existe una “maniobra deliberada de intentar dar vuelo” al denominado caso Mediador para “tapar” la “corrupción utilizando los poderes del Estado” del PP.
Y asegura que el PSOE “va a tener tolerancia cero con los casos de corrupción y va a condenar las conductas particulares de las personas que puedan tener cargos públicos que estén, por ejemplo, en la línea de la prostitución”.
También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a todos los partidos que ante casos no ejemplares en sus respectivas formaciones actúen de la misma forma que el PSOE.
Sánchez se limitó a señalar que cuando hay una acción por parte de un responsable político que no se corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exige, por parte del PSOE la acción es “clara, rotunda e inmediata”. “Es expulsión del partido y retirada del escaño”, subrayó.
Por su parte, la derecha sigue aprovechando las circunstancias para meter presión al PSOE, donde es evidente la inquietud por este caso a menos de tres meses de las elecciones municipales y autonómicas.
El coordinador general del PP, Elías Bendodo, acusó a Sánchez, de intentar tapar el caso Mediador, que afirma que tiene “tal dimensión” que “se le puede llevar por delante”.
Y recomendó a Sánchez que comparezca a petición propia en el Congreso para así evitar la comisión de investigación que el PP promueve en la Cámara Baja y que apoyarían socios parlamentarios del Gobierno.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, instó a los partidos a negociar “en serio” un pacto contra la corrupción para dejar atrás la política del “tú más”.
Además, incidió en que más que una comisión de investigación sería bueno adoptar medidas siguiendo por ejemplo las recomendaciones de la ONU sobre la creación de órganos autónomos de prevención de la corrupción.
La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ordenó abrir una investigación interna para estudiar los contactos mantenidos por la presunta trama con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), que ella preside.
Lo hizo después de que la juez del caso le haya pedido detalles de cuatro contratos de los años 2020 y 2021, que suman 2.352.278 euros y tienen un nexo común: son suministros de equipamientos para proyectos de seguridad en África sobre los que planea la duda de si fueron amañados por el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, el único imputado que está en prisión.
Espinosa guardaba en su casa más de 61.000 euros en una caja de zapatos y en fajos de billetes enrollados en ropas.
La trama llegó “a su ocaso” en mayo de 2021, porque varios de los empresarios que se supone que pagaban sus fiestas y “peajes” comenzaron a recelar abiertamente de sus resultados, según consta en una conversación de esas fechas recogida por la Policía en uno de sus últimos informes a la juez.
Mientras, el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, negó en sede judicial formar parte de la cúpula de la red, acusada de captar a empresarios bajo la promesa de “obtener privilegios” en materia de contratación pública, al tiempo que reconoció que su empresa recibió ayudas europeas cuando estaba al frente de la dirección de Ganadería de Canarias.
Así consta en la declaración del exdiputado que tuvo lugar el 22 de febrero en el marco de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
Por su parte, el equipo de la Policía que investiga el caso mediador pidió registrar “sin restricciones” el despacho que utilizaba en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo mientras fue diputado por el PSOE e intervenir todos sus equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento.
Mientras, la asociación APRI, que defiende los intereses de los ‘lobbies’ o grupos de interés, recordó que lleva más de una década reclamando una regulación y apuntó que la presidenta del Congreso puede aplicar el código de conducta de la Cámara.
