El sindicato CIG ha convocado para el miércoles 13 de agosto una jornada de huelga en los servicios de ayuda en hogar de Galicia (SAF por sus iniciales en gallego) tras el asesinato de una trabajadora social, Teresa, el pasado martes en O Porriño (Pontevedra), en una de las viviendas que atendía.

La central sindical gallega pretende dar respuesta así a la muerte de la trabajadora, solidarizarse con su familia y exigir medidas que garanticen la protección efectiva de las empleadas del sector.

La convocatoria, que se formalizará a lo largo de la mañana de este jueves, afectará al conjunto de los servicios de atención en el hogar, explica la CIG en un comunicado.

La jornada de huelga se suma a las concentraciones que ha convocado la CIG este viernes al mediodía delante de los ayuntamientos de Galicia en repulsa al asesinato de Teresa y en demanda de unas condiciones laborales dignas y seguras.

Este miércoles, el sindicato remitió un escrito al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la conselleira de Política Social, Fabiola García, y a la Fegamp para demandarles la convocatoria inmediata de una reunión conjunta con las organizaciones sindicales más representativas del SAF, la patronal del sector y con presencia de la Inspección de Trabajo.

El objetivo de ese encuentro sería dar solución "a la falta de seguridad, acordar un plan de prevención de riesgos y un protocolo de actuación ante el acoso y las agresiones de obligado cumplimiento" en todos los servicios de atención en el hogar de Galicia.

“Pasadas 48 horas del asesinato de Teresa, la Xunta de Galicia todavía no ha reaccionado”, ha criticado el secretario general de la CIG, Paulo Carril.

Él ha recordado que la responsabilidad del servicio público de atención en el domicilio le corresponde a la administración autonómica, aunque esta transfirió a los ayuntamientos su prestación, y "la competencia inspectora en el sector la ejerce" la Consellería de Política Social.

La titular de ese departamento, Fabiola García, ha asegurado esta mañana en una entrevista con la Radio Galega que la Xunta apoya la creación de un protocolo en el marco de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la protección del personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

La CIG también ha demandado que el Ayuntamiento de O Porriño proceda a la suspensión cautelar del servicio a la actual concesionaria, "mientras no se garanticen la seguridad y la integridad de las trabajadoras".

El sindicato al que estaba afiliada Teresa presentó en la Inspección de Trabajo esa petición y solicitó que se investigue la falta de evaluación de riesgos y de medidas de seguridad de la empresa concesionaria del SAF de O Porriño.

El alcalde del municipio pontevedrés, Alejandro Lorenzo, aseguró este miércoles que el Ayuntamiento actuará en consecuencia "cuando tenga las pruebas necesarias para saber" lo que hizo la empresa tras recibir la renuncia de la víctima a acudir al domicilio donde fue asesinada y anunció que se "abrirá un expediente" en el caso de que corresponda.

Por su parte, el sindicato UGT ha convocado para este viernes al mediodía una concentración de 45 minutos ante la sede de la Xunta en Vigo en repulsa por la muerte de Teresa y para demandar a las administraciones y empresas del sector que implementen medidas que garanticen la vigilancia y protección de las trabajadoras. 

Losada apunta a las "alarmantes listas de espera" de psiquiatría tras el crimen

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha apuntado a las "alarmantes listas de espera" de psiquiatría tras el crimen de una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de O Porriño (Pontevedra) a manos, presuntamente, del marido de la anciana a la que cuidaba, el cual padecía una enfermedad mental.

En dos audios difundidos a los medios de comunicación, Losada ha lamentado que en los últimos tiempos se están reiterando casos de muertes violentas donde hijos o hermanos de las víctimas con problemas de salud mental acaban con la vida de su familiar.

Para él, esto demuestra que las largas listas de espera en psiquiatría, que llegan a tardar hasta un año para la primera consulta, y las "carencias" en la atención de este tipo de pacientes, "conducen a estas situaciones".

Tras sus declaraciones, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, apuntó que por ahora "no se tienen datos suficientes" para evaluar el tema, siendo "imprudente" hablar del caso y hacer "especulaciones" sin "la información necesaria".

Después, Losada volvió a enviar un audio a la prensa, no queriendo "polemizar", pero insistiendo en que el conselleiro "tiene motivos para estar preocupado".

El subdelegado del Gobierno ha incidido en las tres mujeres que fallecieron en los últimos meses a manos de hijos o hermanos con enfermedades mentales "muy graves", a las que se suma esta empleada del SAF.

Después de tachar de "desfasados" los protocolos que regulan la colaboración entre los servicios sanitarios y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Losada se ha puesto a disposición del conselleiro para abordar este tema y buscar soluciones a estas incidencias, "mucho más frecuentes de lo que el conselleiro parece pensar", en las que "la enfermedad mental juega un papel determinante".

También se ha referido a la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, para tratar la situación del SAF y del Funga de adultos tutelados.