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martes | 16 abril | 2024
Una huelga general de 24 horas paralizó ayer en Grecia el transporte, incluidos los vuelos, y buena parte de los servicios públicos, con decenas de miles de personas manifestándose de nuevo en todo el país contra el Gobierno conservador por el accidente de tren en el que murieron 57 personas el pasado 28 de febrero.
Aunque el comercio y la industria no se sumaron al paro, convocado por los dos sindicatos más importantes, Adedy y GSEE, el transporte público, la sanidad pública y muchos centros educativos suspendieron o redujeron su actividad. También estuvieron en huelga los trabajadores de los puertos, los taxistas, y todo el servicio público de transporte urbano.
En Atenas, unas 28.000 personas, según la Policía, se congregaron ante el Parlamento griego para reclamar que se encontrase a los verdaderos culpables de la tragedia, y en protesta contra el Gobierno, al que responsabilizan de no garantizar la seguridad ferroviaria por retrasar la instalación de sistemas de seguridad.
“Es verdaderamente una vergüenza que estos jóvenes no se encuentren vivos en este momento a causa de la incapacidad del Estado griego”, dijo Jará, una joven de 23 años que trabaja como terapeuta, refiriéndose a que la mayoría de las víctimas mortales fueron universitarios.
Decenas de miles de personas se manifestaron también en más de 70 ciudades griegas. En la protesta de Atenas se produjeron distintos altercados, cuando grupos de manifestantes lanzaron cócteles molotov a los antidisturbios, que respondieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. “Que dimita el Gobierno asesino” se podía leer en una pancarta que levantaron los manifestantes, mientras otra pedía “Que no se encubra el crimen de Tempe”, localidad cerca de donde se produjo el siniestro.
Las protestas y paros que se vienen sucediendo en Grecia desde el siniestro exigen que se depuren “las responsabilidades reales” por el accidente. “Existía ya un clima de descontento y tensión que ahora ha llegado a su punto máximo” por la tragedia, indicó Vasilikí, una profesora de 32 años, que calificó como “criminales” las políticas adoptadas por los últimos Gobiernos en el sector de transportes.
El Gobierno del primer ministro, el conservador, Kyriakos Mitsotakis, mantuvo inicialmente la tesis de que el accidente se debió a un error humano y, de momento, fueron imputados cuatro empleados de los ferrocarriles, entre ellos el jefe de estación que puso en la misma vía a un tren de pasajeros y uno de mercancías que acabaron colisionando.
Ante la presión en la calle, Mitsotakis acabó pidiendo perdón y reconociendo la falta de sistemas de seguridad en buena parte de la red ferroviaria, como el tramo donde se produjo el accidente. De hecho, desde 2014 se viene retrasando la ejecución de un contrato, con financiación de la Unión Europea, para mejorar el sistema de señalización e instalar un sistema del control remoto en ese tramo.
Días después del accidente se reveló que el Gobierno griego ignoró advertencias planteadas por la oposición y los sindicatos sobre problemas de seguridad en la red ferroviaria semanas antes del siniestro.
Aparte de la presión en la calle, Mitsotakis afronta la caída en las encuestas de intención de voto de su partido, Nueva Democracia, de cara a las elecciones que se celebraran, probablemente, el 21 de mayo, y que le colocan ahora a solo tres puntos del izquierdista Syriza, la mitad de la ventaja que le sacaba antes del accidente.
