Representantes del Colegio de Abogados de A Coruña, con su decano Augusto Pérez-Cepeda a la cabeza, junto a miembros de la Junta de Gobierno y representantes de sus delegaciones de Ribeira, Muros y Noia, se reunieron en la mañana de con la Valedora do Pobo para exponerle las que, a su juicio, será las “graves consecuencias” que tendrá para las víctimas de violencia de género la centralización de ese tipo de casos en el nuevo juzgado exclusivo de Santiago de Compostela.

Durante ese encuentro, la institución colegial trasladó a la Alta Comisionada gallega su "profunda preocupación" por una medida que, lejos de mejorar la protección de las víctimas de violencia machista, "genera desigualdad en el acceso a la justicia e introduce barreras adicionales para quienes más protección necesitan", dijo Cepeda. Así, los representantres de los letrados coruñeses le explicaron detalladamente cómo esa centralización supone un retroceso en los derechos de las víctimas de violencia de género, que se verán obligadas a desplazarse hasta la capital de Galicia para la instrucción de sus casos y la tramitación de medidas civiles como divorcios o adopción de medidas paterno-filiales.

A juicio de los abogados, esa situación crea una discriminación evidente: "mientras una víctima de violencia de género debe trasladarse a Santiago de Compostela para ser atendida, una persona que denuncia cualquier otro delito mantiene su acceso a la justicia de proximidad en su partido judicial". También le recordaron a la Valedora que los partidos judiciales de Ribeira, Muros y Noia desarrollaron durante años una infraestructura especializada y eficaz en la atención a víctimas de violencia de género, con servicios locales que garantizaban una respuesta rápida y cercana.

El Colegio de Abogados de A Coruña sostiene que la centralización en Santiago no sólo desmantela esa red de protección consolidada, sino que además genera el riesgo de colapso del nuevo juzgado, que deberá atender a una población de más de 100.000 mujeres de múltiples partidos judiciales. Por ello, sus representantes indicaron que con esta reunión quisieron mostrar a la Alta Comisionada gallega, como institución defensora de los derechos ciudadanos, "las repercusiones de una medida que vulnera el principio de igualdad en el acceso a la justicia y perjudica especialmente a un colectivo vulnerable como son las víctimas de violencia de género".

En definitiva, el órgano colegial considera fundamental que todas las instituciones gallegas con competencia en la defensa de los derechos ciudadanos conozcan las consecuencias reales de esta centralización y valoren las alternativas que permitan mantener una justicia de proximidad y especializada. Por ello, comenzará defendiendo el mantenimiento de la competencia territorial en materia de violencia de género en los partidos judiciales afectados, priorizando siempre la protección efectiva de las víctimas frente a políticas de centralización que las desamparan.