Una asesora contable y fiscal de una sociedad de A Pobra deberá sentarse el 5 de febrero, en el banquillo de acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial para responder de un delito continuado de administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con el de estafa. La Fiscalía le pide 4 años y medio y multa de 2.400 euros, y 3 años de cárcel y multa de 2.160 euros, respectivamente, así como el pago de una indemnización de 144.161 euros, que es el montante total en que se calcula que ascendió el perjuicio económico para la asesoría que, a consecuencia de ello, entró en fase de disolución.

Los hechos que le atribuye se registraron entre 2015 y 2020 cuando, según el Ministerio Público, la procesada actuó con ánimo de lucro ilícito y en perjuicio de su socia en su labor como representante legal y administradora, en unión de su socia, de la “Asesoría BCN-Barbanza Consultores de Negocios, Sociedad Civil”. Detalla que la acusada tenía la responsabilidad del departamento laboral y fiscal, así como la contabilidad de la sociedad, facturación, pagos e ingresos, para cuya gestión se utilizaban dos cuentas bancarias de dos entidades financieras, asociadas a sendas tarjetas bancarias y banca online a disposición de la acusada, como apoderada autorizada.

Importes

La Fiscalía indica que en los referidos 6 años la procesada hizo retiradas sin justificación contable de efectivo por 89.560 euros de las cuentas, transferencias a su cuenta particular de 33.435 euros, sin conocimiento y consentimiento de su socia, y que, con cargo a esas cuentas societarias, hizo compras privadas de ropa, perfumes, alimentación, reparación de coche y compras online por 12.766 euros. Detalla que la acusada actuó “en el contexto de especial confianza y accesibilidad que propició el que ella y su socia se conocieran desde hace muchos años y constituyesen la sociedad en 2012”. Y añade que esas circunstancias hicieron que su socia confiase en su capacitación y profesionalidad en la labor contable, dada su diplomatura en Relaciones Laborales.

El escrito de acusación de la Fiscalía recoge también que, paralelamente, la acusada desvió 9.375 y 2.000 euros a su cuenta privada de dos comunidades de propietarios, de cuya administración se encargaba como una de sus funciones en la asesoría y que, tras ser requerida por su socia, la acusada devolvió la primera cuantía, pero no la segunda. De igual manera, señala que, actuando con idéntico ánimo, el 7 de mayo de 2020, la procesada suscribió una póliza de crédito con cargo a una nueva cuenta de la sociedad por 9.000 euros, y que para ello falsificó la firma de su socia, sin conocimiento, ni consentimiento de ella, procediendo a transferir la mayor parte de este dinero -6.805 euros- en cuantías mensuales hasta que, en octubre del 2020, su socia descubrió la existencia de tal póliza.