Un cadáver lleva tres meses sin ser enterrado en A Pobra pese a las reiteradas órdenes judiciales

Los restos mortales del sexagenario C.R.G. llevan casi tres meses sin sen enterrados en A Pobra pese a las reiteradas órdenes judiciales para que se proceda a su inhumación. El cuerpo de ese varón fue encontrado el pasado 23 de enero por la persona con la que compartía vivienda en un domicilio del entorno de la urbanización O’Lagar, situada en el casco urbano pobrense. Tras realizarse el levantamiento del cadáver, se procedió a su traslado al Hospital Provincial de Conxo para practicarle la autopsia, en la que se constató que el óbito se había producido por causas naturales y, seguidamente, regresó a la villa pobrense, donde permanece conservado en una cámara frigorífica del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) a la espera de que se pueda llevar a cabo su sepultura.

Según ha trascendido, la familia no se quiso hacer cargo del cadáver ni de sus entierro, por lo que la legislación vigente establece que debe ser el Ayuntamiento, en este caso, de A Pobra do Caramiñal, el que se haga cargo de la sepultura, pero por el momento no ha atendido esa obligación, pese a que desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira se le han remitido hasta tres requerimientos u órdenes para que se lleve a cabo el entierro. Dos de ellas fueron remitidas al departamento municipal de Servicios Sociales, sin que se hubiera obtenido respuesta alguna al respecto, mientras que la última, que se tramitó hace un par de semanas, se dirigió a la Alcaldía. 

El alcalde pobrense, José Carlos Vidal, indicó que se trata de un asunto que están llevando desde la Concellería de Servizos Sociais y que la edila le comentó que “o falecido ten familia e conta con bens para facer fronte ao enterramento, polo que se entende que non debe asumilo o Concello”. Fuentes judiciales indicaron que en caso de que la situación se demore y los restos mortales de C.R.G. sigan sin enterrarse, deberá ser la Xunta de Galicia la que intervenga para que de un modo u otro se dé cumplimiento a los sucesivos requerimientos de la autoridad judicial.