El pleno de la corporación municipal de Ribeira aprobó con los 11 votos favorables del equipo de gobierno y la abstención de los 10 ediles del PP la apertura de un expediente de imposición de penalidades a la constructora del auditorio por considerar que incumple los plazos de ejecución. El alcalde, Luis Pérez, precisó que esa infraestructura “está consumindo inxentes cantidades de recursos públicos” y que la contratista no pudo acabarla y entregarla a tiempo. Precisó que se trata de la primera vez que se actúa así  con una empresa por ese motivo “e é unha cuestión importante que temos que salientar, porque non impoñer sancións a empresas que non cumpren co seu contrato supón a perda de cartos públicos e aquí estamos salvagardando os intereses dos veciños e os cartos de todos eles”, subrayó.

La concejala de Facenda, Herminia Pouso, que dijo que los incumplimientos de las empresas no les pueden salir gratis, manifestó que todos son conocedores de los “atrancos” que sufrió este auditorio, del que su partido, el PBBI, se posicionó en contra desde el primer momento “vendo tal despropósito”, precisando que al inicio se presupuestó en 1,7 millones y se fue aumentando hasta casi 4,4 millones de euros. La edila agregó que la revisión de precios a la que tiene derecho la empresa va a suponer una “carga económica moi pesada” para el Concello, pese a los 1,7 millones de fondos europeos y un millón de la Xunta, y agregó que a todo ello habrá que sumar lo que costará equiparlo para que entre en funcionamiento. Y afirmó que desde el Gobierno buscan soluciones para poner en marcha esta infraestructura que fue la “obra estrela do PP” y va a ser “o pesadelo dos ribeirenses”, para la que se aprobó un incremento de 500.000 euros, por un lado, y de 94.956 euros, por otro, para revisiones de precios y que de ese modo se pueda rematar esta obra. Pérez Barral indicó que tener que asumir estos gastos "nos están hipotecando os recursos públicos para o día a día e atender as necesidades que nos demandan os veciños".

La portavoz municipal del PP, Mariola Sampedro, preguntó en su intervención por la razón de que se abra expediente sancionador a esta empresa y no a otras “que teñen incumprido máis que esta”, y añadió que incluso hay empresas que aún no empezaron a ejecutar las obras de las que fueron adjudicatarias pese a estar en plazo de hacerlo. De igual modo, le pidió al tripartito que debe ser igual de diligente con estas últimas empresas como lo es con la apertura del citado expediente. Recriminó al Gobierno central que no ponga herramientas para que las administraciones locales hagan frente a los incrementos de costes por la revisión de precios. Y le reprochó a la entonces oposición “a asfixia” a la que sometió al Ejecutivo popular rechazando el presupuesto, a lo que el alcalde le replicó que la asfixia económica es “non saber planificar as obras públicas” y que luego haya “desfases”.  

Pouso le replicó que esos instrumentos no debe darlos el Ejecutivo central sólo para el auditorio, sino también para la atención a dependientes o la escuela infantil, entre otras, “pois todos son cargas para a Administración local”. También le dijo al PP que “vostedes metéronse a xestionar fondos europeos sen valorar o que iba a traer como consecuencia” y agregó que “seguiron apostando por impulsar máis sendeiros e máis actuacións como a do río Arlés, e este Concello non ten medios para levar a cabo o seu mantemento”. Le reprochó al anterior Gobierno local que no hizo los cálculos para hacer frente a esos mantenimientos y que “non pode botarlle a culpa da súa planificación e a aposta que adoptaron libremente a outras administracións”, subrayó la edila del PBBI.