El juicio por malversación de caudales público y exacciones ilegales contra la que fue coordinadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Boiro entre 2013 y 2015, una causa procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira, comenzó ayer en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña, después de que se constituyó el jurado popular. Estaba previsto que, tras concluir la primera jornada, celebrada ayer, la vista oral continuase hoy y se prolongase durante el resto de días de esta semana, pero el magistrado Ángel Pantín informó de la suspensión para hoy, mañana y el jueves después de que el fiscal jefe compostelano, Antonio Roma, avanzó su intención de secundar la huelga de jueces y fiscales en esos tres días. De ese modo, el juicio continuará este viernes, 4 de julio, y el lunes y martes de la próxima semana, es decir, los días 7 y 8 de julio.
El representante de la Fiscalía expuso ayer su tesis, por la cual acusa a la funcionaria de los delitos continuados de malversación de caudales públicos y de exacciones ilegales, por lo que pide para ella cuatro años de cárcel, así como la inhabilitación especial para cargo o empleo público, por el primero, y una multa de 12.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y de suspensión de empleo público por 4 años; y de responsabilidad civil, le reclama que indemnice al Ayuntamiento boirense con 25.297 euros, que es el importe que indica que, supuestamente, distrajo a dicha Administración local.
Roma quiso diferenciar éste de otros casos de corrupción a gran escala, pero incidió en que la empleada pública enjuiciada, supuestamente, "ha utilizado un poder público" para malversar fondos públicos. En
concreto, según su escrito de conclusiones provisionales, existían "dos modalidades": o bien recibía cantidades que no ingresaba o bien cobraba importes por servicios por los que no debía pagarse. Además, el Ministerio Público sostuvo que la procesada "omitía en algunas ocasiones del censo a las personas de las que había recibido cantidades para evitar el descubrimiento del apoderamiento de cantidades", y que así consiguió hacerse con la referida cantidad de dinero.
Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Boiro, que ejerce la acusación particular, señaló que no cree que haya "corrupción grande y pequeña" y remarcó que ve "todavía más miserable" la que se ejerce "de una forma silenciosa durante años". Así, sostuvo que la acusada "instaló un auténtico chiringuito de corrupción" en el SAF, algo que hizo desde "una situación de poder", por la relación con los familiares, con la empresa que tenía adjudicado el servicio y con las siete auxiliares municipales.
De igual modo, apuntó a la investigación "de 2.000 folios" que elaboró el consistorio para avalar el despido sin indemnización de esta empleada y cifró los casos en 27 "por lo menos" y que había "un mar infinito de irregularidades documentales", ya que, de acuerdo con la acusación, elaboró contratos, recibos con sello del Ayuntamiento y otro tipo de documentos para sostener sus prácticas "hasta que un día ocurrió lo inevitable: cuando la acusada estaba de vacaciones y uno de sus compañeros se encontró con un usuario que llegó con un recibo conforme había pagado la grúa -servicio que no se cobra-, y empezó a preguntar", destacó. Agregó que fue en ese momento, según el letrado de la Administraicón local boirense, cuando "aflora la punta del icerberg" y también cuando "la acusada intentó todo tipo de maniobras para ocultar y encubrir esos comportamientos". "Racha os recibos", aseguró que llegó a decir a uno de sus compañeros.
Este abogado apuntó que "desempolvar toda esta basura no beneficiaba a nadie, pero había que hacerlo". "Vino la Xunta, hizo una inspección gravosísima, afloró todo tipo de irregularidades", resaltó. Y añadió que "eso es algo escandaloso. No es un gran escándalo de corrupción porque no está en los medios, todavía".
Por último, criticó su defensa hasta ahora, al ver en ella la técnica de "la tinta de calamar", según la cual, "en el mundo de la corrupción", el acusado dice que "solo" era "un engranaje" y que los corruptos eran "el alcalde, la concejala, el tesorero, la interventora y los compañeros". "Todos menos yo", enfatizó.
La defensa de la procesada manifestó que la acusación particular "no debe de estar muy convencida cuando está sacando continuamente el expediente administrativo", en referencia al despido de su clienta. Luego, afirmó que "decimos que es inocente porque las pruebas demuestran todo lo contrario", argumentó, antes de subrayar que dicen que su clienta "se ha quedado con el dinero de esa pobre gente, pero ese dinero está en las arcas municipales". Remarcó que eso "nos lo ha dicho el propio Ayuntamiento de Boiro", antes de advertir de que "no fue hasta que perdió las elecciones" el anterior alcalde cuando recibieron "todas esas memorias que se habían pedido". Así, habló de ayuntamientos que "son los mayores corruptos" y ha concretado que, en el caso de esta empleada pública, "denunció las corruptelas" en Boiro "y a partir de ahí le hicieron la vida imposible".
El letrado de la defensa argumentó que por ello presentó una querella, que está sobreseída en un juzgado de Ribeira, pero aclaró que esa decisión "se ha recurrido", por lo que no quiso adelantar acontecimientos. En este sentido, el abogado defensor consideró que se está ante "la palabra de Goliat", por el consistorio, "contra la de David", por la funcionaria, y agregó que "nos están engañando. Están engañando al Ministerio Público. Porque el Ayuntamiento sabe muy bien, la corporación anterior, que es inocente".