Un barbanzano, que carece de antecedentes computables, deberá sentarse desde las nueve y media de esta mañana en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial para responder de un delito de lesiones, por el que la Fiscalía le pide una condena de tres años y ocho meses de prisión y que indemnice a su víctima, de 61 años, con 18.000 euros en concepto de daños y perjuicios morales y materiales que le ocasionó. Los hechos que el atribuye el Ministerio Público se registraron en torno a la una y cuarto de la madrugada del 1 de diciembre de 2018 en la Rúa Mariño de Rivera, junto a un local hostelero ubicado en las inmediaciones de la Praza do Concello, de Ribeira, y cuya causa fue instruida por el Juzgado Número 3 de la capital barbanzana.

La fiscal sostiene que, “para menoscabar la integridad física de otra persona, que se encontraba fumando tranquilamente en los exteriores del bar, el acusado le propinó unos fuertes golpes en el rostro y en otras partes de su cuerpo”. Y precisa que el procesado no huyó del lugar, sino que permaneció allí hasta la llegada de la Policía y la ambulancia, y que se preocupó por el estado de salud de la víctima en todo momento, y que reconoció en declaración espontánea ante las fuerzas de seguridad que le pegara al sexagenario y que estaba arrepentido. Y añade que en sede judicial realizó un reconocimiento parcial de los hechos al decir que le propinó un puñetazo al pensar que el otro hombre le iba a pegar. Por ello, propone que se le aplique la atenuante de confesión antes de conocer que el procedimiento judicial se dirigía hacia él.

La Fiscalía apunta que a consecuencia de esos hechos, el citado sexagenario sufrió “fractura-luxación del tobillo derecho, fractura del 6º-7º arco costal derecho, traumatismo craneo encefálico, escala necrótica en región superior a maléolo tibial, pérdida de la totalidad de piezas dentales en arcada superior”, y que para su recuperación precisó de varias asistencias médicas y cirugía de osteosíntesis sobre tobillo derecho en la que se utilizó material quirúrgico de fijación, con 9 tornillos y placa en el peroné y dos tornillos y arandela en la tibia, además de sutura metálica, uso de apoyo para deambulación, férula y colocación de implante osteointegrado en arcada superior.  El Ministerio Público añade en su escrito de acusación que la víctima precisó de 90 días para su curación, de los cuales 60 estuvo impedido para el ejercicio de sus tareas habituales y dos de ellos estuvo hospitalizado. Y añadió que la pérdida de las piezas dentales en unión con la colocación del implante osteointegrado se valora en siete puntos y que la reparación de la dentadura tiene un coste de 6.650 euros.