La Fiscalía pide entre cuatro y cinco años de cárcel para una pareja que dirigía un colegio católico en Boiro por coaccionar a algunos de sus trabajadores, a los que amenazaban con el despido y pedían hacer tareas no relacionadas con sus funciones.

El caso, que procede del Juzgado de Instrucción Nº2 de Ribeira, se juzgará este miércoles a las 10 horas en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, uno de los acusados dirigía en el momento de los hechos el Colegio-guardería 'Sagrada Familia' -- dependiente de la Entidad religiosa con sede en León 'Hijas de la Caridad de San Vicente Paul -- ubicado en el municipio coruñés de Boiro. De facto, apuntan, compartía funciones con su pareja, el otro acusado.

Los acusados, "para menoscabar dignidad e integridad psicofísica de algunos trabajadores, aprovechándose de una situación de necesidad de las víctimas, ya que el trabajo en dicho centro era el sustento económico de las mismas", obligaron al personal docente y no docente a realizar tareas que no le correspondían, en horario superior al contratado, y bajo amenaza de despido.

Además, y aprovechándose de que ostentaban la dirección del centro, afirman que se inmiscuyeron en cuestiones de la vida personal de las víctimas, que no tenían trascendencia ni vínculo alguno respecto al trabajo que les correspondía hacer, tanto el personal docente como no docente, con la finalidad de adoctrinarles respecto a las ideas religiosas que los acusados encarnaban y sugiriéndoles la posibilidad de expulsarlos del centro de "no pasar por el aro" respecto a dichas ideas.

Esto motivó que las víctimas, tres según el escrito -- algunas con problemas físicos y circunstancias socio-económicas complicadas, todo ello conocido por los acusados -- padecieran incomodidad y actitud de encogimiento, tensión y bloqueo, y ansiedad.
 

Por todo ello, la Fiscalía considera que los hechos relatados suponen tres delitos continuados de trato degradante o, como alternativa, de coaccines. De ellos, ambos acusados responderían en calidad de coautores.

Por cada delito de trato degradante se solicita la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la dirección de centros educativos de enseñanza no universitaria durante cuatro años.
En la calificación alternativa de delito de coacciones, se interesa por cada uno de los tres delitos la pena de dos años de prisión y la misma inhabilitación que en el delito anterior.

Consideran además que concurre un delito contra los derechos de los trabajadores, por el que piden dos años de cárcel y una multa de 12 meses a razón de 20 euros de cuota diaria, también con inhabilitación especial para el ejercicio de la dirección de centros educativos de enseñanza no universitaria durante cuatro años.

Por último, solicitan la indemnización conjunta y solidaria por daños morales de 2.000 euros para la primera víctima; 3.000 euros para la segunda; y 7.000 euros para la última.