Esta anécdota provocó que el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Xosé Xoan Barreiro Prado, suspendiese durante media hora la vista oral. En concreto, tras ver una gran humareda, el magistrado interpeló al letrado: “¿Pero usted está fumando en la Sala? ¿Qué tiene usted en la mano?”, le preguntó.
Explicaciones del letrado
Analizada la situación, la vista se reanudó y el letrado de la Administración de Justicia dio lectura a la resolución del tribunal en la que se requiere al letrado Gonzalo Boye “para que se abstenga de fumar en Sala y haga entrega del aparato que ha utilizado para ello”. Además, se le anunció la apertura de un expediente sancionador. A la salida de la Audiencia, el abogado de José Ramón Prado Bugallo afirmó que presentará alegaciones cuando le notifiquen este expediente que podría acarrearle una multa. “Creo que el tribunal se ha confundido”, valoró Boye, quien aseguró que ya ha vapeado en esta misma sala en todas las sesiones del juicio de Sito Miñanco y que “hay testigos”, aseguró.
Periciales “groseras”
Al margen de este episodio, la sesión de ayer fue breve, con la comparecencia de únicamente dos peritos. Con todo, todavía faltan otros dos técnicos por declarar, un peritaje de la defensa y una perito de Hacienda que padece una grave enfermedad y ha alegado una “imposibilidad manifiesta de comparecer”.
“Lo que ha quedado claro”, afirmó Boye tras la sesión, es que las valoraciones en las que se basa la acusación “tienen bastante poco fundamento, bastante poco rigor”. Por su parte, el letrado de la defensa de la exmujer de Sito Miñanco, Alejandro Vega Vázquez, declaró que “no hay comparación” entre la prueba pericial presentada por la defensa y la que ha aportado la acusación. Ambas analizaron la valoración realizada de los inmuebles intervenidos en esta investigación por blanqueo de capitales.
Este letrado señaló que la pericial hecha por la acusación se hizo sin visitar las propiedades, “con unas contradicciones terribles” algunas de ellas “muy groseras” algo que, según su criterio, “debería llevar a una retirada de la acusación”.
Cabe recodar que la Fiscalía sienta en el banquillo al cambadés, su exmujer, una hermana de esta, su hija mayor y un empresario que, según el fiscal, habría actuado como testaferro del narcotraficante. La Fiscalía les acusa de blanquear entre 1988 y 2007, a través de la inmobiliaria San Saturnino, 10 millones de euros mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes municipios. Pide para ellos seis años de prisión y 10 millones de euros de multa. l
