El BNG de Ribadumia cargó ayer contra el gobierno local, asegurando que el Pleno ordinario previsto para hoy se tuvo que cancelar porque la convocatoria y la documentación “non se enviaron en prazo” a los concejales.

 
Desde la Asamblea local explicaron que el argumento ofrecido por el Ejecutivo del PP es que sucedió por un “erro informático”, pero consideran que “se as convocatorias non se enviasen ao límite do prazo legal, esta situación podería terse evitado”, pero “é costume deixar todo para última hora”, se quejaron. 

Todos sus miembros, con la concejala Vanessa Fariña al frente suman esto a una lista de cuestiones por las que consideran que el alcalde, David Castro, y todo su equipo deberían dimitir, y así lo piden. 

En la relación indican que las obras de preparación del curso escolar en los colegios se “iniciaron recentemente, cando está a piques de comezar”, y que hace un año solicitaron un estudio para solventar “problemas de tráfico e falta de aparcadoiros” que, aseguraron, registra la villa, pero recibieron promesas de que la moción se abordaría en el siguiente pleno y “ese día aínda non chegou”. 

Esta cuestión preocupa a los nacionalistas, pues consideran que era necesario antes de ejecutar la reforma en marcha de la Rúa Condesa porque “podemos atoparnos nun futuro con que unha nova actuación para arranxar os problemas do casco urbano, sexa incompatible coa obra realizada, como xa pasou”, explicó la edila. Además, destacó que “os problemas por exceso de velocidade” en el centro “continúan”, lo cual indica para ella que las medidas señaladas por el regidor  en su día para evitar esto “son insuficientes”. 

También se pronunciaron los nacionalistas sobre la reciente sentencia del Xuventude Sisán CF y les parece “inadmisible que Castro non sexa quen de ser imparcial e tratar a todos os clubes por igual”.  

El PSOE pide bonificaciones

En cuanto al Pleno que iba a celebrarse hoy, el PSOE iba a defender una moción instando al gobierno local a habilitar ventajas fiscales para los vecinos que apuesten por las energías renovables y medidas de eficiencia energética. En concreto, plantea bonificaciones de entre el 30 y el 50 % en el IBI y de hasta el 90 por ciento en el caso del ICIO, con una duración mínima de cinco años, según explicó su portavoz, Javier Mougán.