La Plataforma Logística Inversa de Sete Pías abría sus puertas en el año 2011, pero tan solo cuatro años después dejó de operar tras resultar deficitario para la concesionaria, que llegó incluso a pedir 8,6 millones al Concello en concepto de reclamación patrimonial y que acabó siendo denegada en los juzgados. La empresa —UTE Estevez Container Orensanos Soil Recovery— solicitó previamente la rescisión del contrato de mutuo acuerdo, pero la administración local se negó y le reclamó las cantidades adeudadas en concepto del pago anual del canon del servicio de tratamiento de residuos industriales no peligrosos. Un proceso que ha sufrido un nuevo revés tras judicializarse, al anular el TSXG los actos administrativos iniciados por el Concello por caducidad del procedimiento.

Así, el gobierno local se ve abocado a reiniciar la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya que considera que además de no abonar el canon anual tampoco se realizó la inversión de un millón de euros que estaba comprometida por parte de la adjudicataria. Un proceso que, por lo tanto, prolongará todavía más la espera para que el Concello puede recuperar una nave “que necesitamos e que se está deteriorando”, explicó el alcalde, Samuel Lago. Solo la planta, sin contar el terreno, son 3.000 metros cuadrados y podría servir para guardar materiales y maquinarias, entre otras cuestiones. 

Así pues, los magistrados concluyeron que el procedimiento administrativo caducó al pasar los 3 meses de plazo —el Concello incoó el expediente en mayo de 2021 y su resolución fue en noviembre—, pese a que el Concello alegaba que se debía contemplar una suspensión en ese lapso de tiempo entre la petición del informe del Consello Consultivo de Galicia (agosto de 2021) y la expedición de dicho documento (noviembre de ese mismo año).

No obstante, el Tribunal aclara que “no ha prescrito el derecho de la administración a instar la resolución del contrato”, que puede realizarse — al existir aún incumplimiento por parte de la concesionaria— a través de un nuevo procedimiento, que pretende iniciar ahora el Concello tras este nuevo revés que viene a confirmar una sentencia anterior del Juzgado Contencioso-Administrativo de Pontevedra.

Contrato “ruinoso” 

Con todo, y pese a que la sentencia posterga el cobro de las cantidades adeudadas, el TSXG tampoco dio la razón en este caso a la concesionaria, que reclamaba que se declarara resuelto el contrato por causa imputable al Concello, al entender que era “ruinoso”, “porque la emisión de residuos emitidos por el Ayuntamiento era del 2%” pese a que, según sostuvo la UTE en la vista, se había acordado que recibiría anualmente una serie de kilogramos que no llegó a producirse. Además, alegó que sí mantiene la actividad y que el informe contrario de la Policía Local se debe a que “no entran los residuos pactados”.

En cualquier caso, el Tribunal falla que la concesionaria sí incumplió el contrato a tenor del expediente, la testifical de los agentes y de un técnico de la Diputación y que el Ayuntamiento “actúo diligentemente”. Asimismo, recalca que los pliegos “no establecen” dicha obligación de suministrar anualmente una serie de residuos por parte del Concello, además de que recordó que “la ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista”, por lo que de sufrir pérdidas la concesionaria no pueden ser imputables a la administración.

Esta, precisamente, es la premisa que sostiene el alcalde, que recalca que “se o negocio non lles foi ben non debe asumir esas perdas o erario público”, por lo que el Concello pretende continuar con el procedimiento para conseguir esos pagos pendientes.